Padres y sindicatos chocan por la propuesta de que el curso empiece el 12 de septiembre
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac) apoyó ayer la propuesta del Departamento de Educación de la Generalitat de que el próximo curso escolar empiece el martes 12 de septiembre, pese a la disconformidad de los sindicatos. Los maestros deben volver a los centros el 1 de septiembre y plantean que el inicio del curso se retrase dos días para dar tiempo a organizar los centros, que empezarán a impartir la sexta hora de clase en primaria. Los sindicatos proponen que, a cambio de empezar más tarde, el curso acabe dos días después de lo previsto.
Las posiciones divergentes afloraron ayer en la reunión del Consejo Escolar de Cataluña, donde la Generalitat mantuvo su posición de que el curso arranque el 12 de septiembre. Los sindicatos han hecho constar su voto particular al acuerdo, dijo la secretaria general de Enseñanza de CC OO, Josefina Pujol. UGT cree que empezar el curso el 12 de septiembre perjudicará a "la implantación de las novedades que contiene el Pacto Nacional por la Educación", recientemente firmado con la Generalitat.
Demanda social
Tras la reunión, Educación decidirá en breve la fecha definitiva de comienzo del curso. El departamento defiende el día 12 porque "hay una demanda social de empezar el primer día de la semana". Hasta este curso, las clases acostumbraban a empezar el día 15.
Pese a discrepar en la fecha de inicio de curso, la Fapac expresa su solidaridad con los profesores y maestros por entender que se enfrentarán este curso con "dificultades añadidas", en especial la ampliación de las clases en una hora en la escuela pública. Ante esta situación, la entidad insta a las familias a apoyar a los maestros.
Por otra parte, El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado que las escuelas catalanas impartan de manera conjunta las estructuras lingüísticas comunes del catalán y el castellano al desestimar un recurso del Ministerio de Educación interpuesto en 2003 contra un decreto de la Generalitat.
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