El decreto contra la violencia escolar entrará en vigor el próximo curso

La Consejería de Educación está elaborando un decreto para la mejora de la convivencia en los centros, una norma que entrará en vigor el próximo curso y que es la primera que se aprobará en España. La creación de la figura del delegado de padres en cada clase, la puesta en marcha de un teléfono gratuito para que alumnos, profesores y padres consulten qué hacer en casos de violencia y la incorporación de un educador social en los equipos de orientación de los centros especialmente conflictivos son algunas de las novedades que recoge el decreto. La consejera, Cándida Martínez, se reunirá el próximo lunes con todos los sindicatos para debatir el texto.

El decreto para la mejora de la convivencia en los centros docentes responde a las conclusiones de un informe que el pasado febrero realizó el Consejo Escolar de Andalucía respecto al curso 2004-2005. El informe especifica que los datos proceden sólo de 1.821 centros de Primaria y Secundaria, de los 3.350 que existen en Andalucía. Concluye, entre otros datos, que en ese curso se produjeron 17.465 correcciones por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (el total de alumnos es 923.822) y que casi la mitad estuvieron protagonizadas por alumnos de 14 y 15 años.

Tras la reunión de la mesa sectorial el próximo día 24, a la que asistirán representantes de todos los sindicatos, se abrirá un periodo en el que toda la comunidad educativa podrá hacer sus aportaciones al texto del decreto para, posteriormente, pasar al Consejo Escolar de Andalucía. El texto definitivo entrará en vigor en septiembre de este año, cuando comience el nuevo curso escolar. Junto a la norma entrará también en vigor la orden que regula la asistencia jurídica al personal docente cuando se trate de hechos producido durante su trabajo, como las agresiones que han sufrido algunos profesores por parte de alumnos o sus familiares.

"Lo importante es que Andalucía lleva mucho tiempo trabajando en la convivencia. Ahora están escolarizados todos los jóvenes hasta los 16 años y algunos, por distintas circunstancias, son conflictivos, pero vamos a trabajar con ellos para evitar cualquier situación de violencia", comentó ayer en Sevilla Mercedes González, directora general de Participación y Solidaridad.

Entre las nuevas medidas, a las que ha tenido acceso este periódico, destacan la revisión del reglamento de funcionamiento de los centros en los que será obligatorio que los profesores hagan turnos de vigilancia durante los recreos y a la entrada y salida de clase, "por tratarse de los momentos en los que suelen aparecer los índices más elevados de conflictividad", según recoge el texto.

En cuanto a la seguridad, el decreto establece que Educación colaborará con otras administraciones "para la adecuada protección de los centros docentes". "La consejería realizará las actuaciones necesarias para garantizar el clima de seguridad tanto para los miembros de la comunidad educativa como para sus instalaciones", reza el texto.

"No vamos a instaurar la figura de la protección privada, porque entendemos que dentro del centro es la comunidad educativa la que tiene que poner orden y fuera está la policía local u otros cuerpos del Estado. Hay centros que seguirán teniendo seguridad privada, no se lo podemos prohibir, porque eso depende de lo que ellos decidan y lo pagan con su presupuesto; pero es malo para su imagen", afirma Mercedes González.

Entre las medidas que pondrán en marcha los propios centros destaca la creación del delegado de padres, equivalente al delegado de los alumnos, y la intervención de un educador social en el equipo de orientación educativa, aunque esta figura se creará sólo en los centros ubicados en zonas conflictivas.

En cuanto a las actuaciones que llevará a cabo la consejería a nivel regional se encuentran la puesta en marcha de un teléfono gratuito de asesoramiento e información que atenderá las dudas de toda la comunidad educativa; así como de un página web dónde se informará sobre todo lo relacionado con los problemas de violencia en los centros. También se creará el observatorio para la convivencia escolar en Andalucía, un órgano consultivo y autónomo que realizará análisis anuales y en los que estarán representadas las consejerías de Educación, Igualdad, Justicia, Gobernación y el Delegado del Gobierno.