Cuando la justicia fracasa

Las excarcelaciones legalmente obligadas de presos preventivos contra quienes existen graves acusaciones, pero que han cumplido el tiempo máximo de estancia en la cárcel sin condena firme, unidas a la desaparición en los juzgados de cintas magnetofónicas u otras pruebas clave, la pérdida en las oficinas judiciales de objetos de trascendencia penal o el error en los cómputos de permanencia en prisión dibujan una situación de la Administración de justicia española que no se corresponde con la "sociedad democrática avanzada" que nuestra Constitución quiso establecer. Pero lo más llamativo de este alarmante paisaje es que, aunque el Poder Judicial diseñado por la Ley Fundamental pusiera el acento en la independencia y la responsabilidad de sus miembros, todos esos errores, negligencias y descuidos terminan saldándose sin que ningún juez ni funcionario judicial responda por ellos.

Cierto es que la propia familia judicial se autoprotege. Sólo así puede explicarse que algunas de las escasas medidas acordadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para disciplinar a jueces y magistrados hayan terminado siendo anuladas por el Tribunal Supremo, cuya Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo se ha erigido en última instancia depuradora de las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Así ha ocurrido que los módulos de trabajo exigidos por el CGPJ, como mínimo procedimiento de control de la dedicación y productividad judicial, hayan sido anulados hace unas semanas por el pleno de la mencionada sala. Del mismo modo que, mediante una interpretación muy rigurosa del tiempo de prescripción de los expedientes disciplinarios a los jueces, ha anulado varias multas impuestas por los mismos. Por lo pronto, se han anulado cuatro, por un importe total superior a los 4.000 euros, al famoso juez Joaquín Navarro, sancionado por descalificar en 2001 a otros colegas, entre ellos dos magistrados del Supremo que condenaron por prevaricación a Javier Gómez de Liaño.

Los poderes ejecutivo y legislativo han mostrado una pasmosa pasividad ante los múltiples ataques a la paciencia y al sentido común perpetrados desde la Administración de justicia. El Gobierno tiene pendiente una promesa que figura en su programa para las elecciones de 2004: "Incidiremos de modo especial en la transparencia de la justicia y en la exigencia de responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales por retrasos injustificados, error judicial culposo y mal funcionamiento de la justicia". Por el momento, una de las escasas iniciativas legislativas en materia judicial -la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional- la ha plasmado el Ejecutivo en un proyecto de ley que blinda la responsabilidad jurídica de los magistrados de ese Alto Tribunal al impedir que puedan ser "encausados ni perseguidos por las opiniones expresadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones".