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Defensa rechaza que los servicios secretos de EE UU actúen por su cuenta en suelo español

La captura y repatriación de un 'marine' en San Fernando pone en evidencia la falta de control

Cuatro años después de que el Gobierno de José María Aznar y la Administración de Bush aprobaran la reforma del convenio defensivo entre España y EE UU, en abril de 2002, los dos países no se han puesto de acuerdo en la concreción de uno de sus puntos más polémicos: las reglas de actuación en territorio español del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (OSI). El Ministerio de Defensa rechaza que los servicios secretos militares actúen por su cuenta, como sucedió el 15 de febrero con la captura y repatriación de Federico Pimienta, un marine condenado en rebeldía a 12 años de cárcel por homicidio involuntario en Afganistán.

Federico Pimienta-Perdomo, un marine estadounidense de 28 años, natural de Uruguay, fue capturado el pasado 15 de febrero en San Fernando (Cádiz). Paul Cicarelli, agente especial encargado de delitos militares en Carolina del Norte (EE UU), explicó que el marine "fue detenido durante la noche y luego trasladado en un avión militar a la base aérea de Kelly, en Tejas".

Pimienta se encontraba en busca y captura desde el 6 de junio de 2005, un día antes de que tuviera que enfrentarse a un consejo de guerra por la muerte del también marine Russell White, de 19 años, a quien mató de un disparo en la cabeza cuando limpiaba su arma en la base de Bagram (Afganistán), donde ambos estaban destinados. Pimienta fue juzgado en rebeldía y condenado a 12 años de prisión.

Pimienta fue detenido en Cádiz y llevado a Tejas sin intervención de ningún juez

"Desde que huyó", explicó Cicarelli, "nuestros agentes han estado trabajando activamente para localizarlo". El pasado verano, el nombre y la fotografía de Pimienta se incluyó en la lista de Más buscados de América.

Primero, fue seguido hasta Londres, donde se perdió su pista. "Tras recibir información sobre el paradero de Pimienta, los agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) John Barron y Brian Moran y el investigador José Luis Biez, destinado en Rota, donde hay una base naval, lograron localizarlo", agregó el portavoz militar.

Pocos días después, el Cuerpo de Marines cambió su versión inicial y adujo que Pimienta no fue detenido sino que se entregó. EL PAÍS se puso en contacto con familiares del militar, en Hillside (Nueva Jersey), quienes ratificaron esta nueva versión, informa Yolanda Monge. Al estar acusado también de un delito de deserción, la entrega voluntaria le garantizará un trato más benévolo.

Según la información facilitada por los representantes estadounidenses al Ministerio de Defensa español, Pimienta iba camino de la base de Rota (Cádiz), con el propósito de entregarse, cuando se perdió, por lo que los agentes del NCIS acudieron a buscarle. La detención se produjo a las 10 de la noche en una gasolinera.

No hay forma de confirmar esta información: ningún policía español asistió a la supuesta entrega y ningún juez intervino antes de que el marine, detenido toda la noche en Rota, fuera embarcado en un avión militar.

El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE UU prevé la posibilidad de que los jueces españoles hagan una declinatoria de jurisdicción en favor de sus homólogos estadounidenses. Esta conducta es habitual en el caso de los militares destinados en Rota y acusados de delitos militares. Pero exige un acto formal del juez.

Con Federico Pimienta no se produjo tal renuncia de jurisdicción. Ni siquiera se trataba de un militar destinado en España y sujeto a las previsiones del convenio. Era un ciudadano estadounidense en busca y captura por un delito de homicidio involuntario. Lo lógico, según los expertos, es que se hubiera tramitado una petición de extradición. Aunque ésta habría tropezado con dificultades, ya que había sido condenado en rebeldía, lo que no permite la legislación española.

El llamado caso Pimienta ilustra la ambigüedad de la situación con que operan en España tanto el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) como la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (OSI).

La reforma del convenio bilateral de defensa, firmada por los Gobiernos de José María Aznar y George W. Bush el 10 de abril de 2002, legalizó por vez primera la presencia en España de los servicios de inteligencia de la Navy y la Fuerza Aérea de EE UU.

El artículo del 17.6 del denominado protocolo de enmienda señala que el NCIS y la OSI "podrán mantener personal en España para que actúe en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo y lleven a cabo investigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de América".

La redacción es deliberadamente confusa. La expresión "en conjunción" significa de manera conjunta, pero no necesariamente subordinada; mientras que el verbo "afectar" es lo bastante amplio como para abarcar cualquier riesgo o amenaza que incluya entre sus objetivos potenciales a ciudadanos o instalaciones estadounidenses. El propio artículo prevé que "las autoridades competentes de ambos países deberán establecer las normas reguladoras sobre la actuación en España del NCIS y de la OSI".

Cuatro años después de la firma del protocolo, todavía no se ha logrado un acuerdo sobre las reglas a las que debe ceñirse la actuación en España de los servicios militares de inteligencia de EE UU. Poco antes de dimitir del cargo, el pasado día 7, el anterior ministro de Defensa, José Bono, rechazó conceder al NCIS y a la OSI capacidad para realizar por su cuenta investigaciones criminales en suelo español.

"No es de recibo que tengan en España mayores competencias que en su país", indicaron fuentes próximas al ex ministro.

Un estudio editado por la Fundación Alternativas, que dirige Nicolás Sartorius, considera que el artículo 17.6 supone "una clara regresión en el principio de soberanía española", y propone suprimirlo antes de que expire la vigencia del convenio, en 2011.

La autora, Inmaculada C. Marrero, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, cree que el protocolo de 2002 responde al alineamiento del Gobierno de Aznar con la Administración de Bush, que culminaría con el apoyo a la invasión de Irak en 2003, y puede contradecir la nueva ley Orgánica de Defensa Nacional. "Resulta incoherente que el Gobierno de España consienta que EE UU utilice el territorio español para realizar un tipo de misiones militares que las propias Fuerzas Armadas españolas no estarían autorizadas a llevar a cabo", escribe Marrero, en alusión al apoyo logístico que desde las bases de Rota y Morón de la Frontera se presta a la ocupación de Irak.

De momento, la revisión del convenio no está en la agenda. Pero sí el acuerdo sobre las reglas de actuación del NCIS y de la OSI. El caso Pimienta ha demostrado que las normas provisionales aprobadas por el Comité Permanente Hispano-Estadounidense son, como mínimo, insuficientes.

La aprobación de las definitivas incumbirá al nuevo ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que a su condición de juez une su experiencia como ministro de Interior en la cooperación policial con Estados Unidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de abril de 2006