La Junta denuncia a la Fiscalía dos casos más de obras ilegales que se construyen en Marbella

La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga a otras dos promotoras inmobiliarias de Marbella que han incumplido sendas órdenes de paralización de obras dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las promotoras podrían haber incurrido al menos en un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Por este motivo, la fiscalía ya ha abierto diligencias contra cinco constructoras y tiene en estudio otros cinco casos en el municipio de Marbella.

Las dos promotoras obtuvieron en su día las licencias municipales de obras, que fueron impugnadas en los tribunales porque no se ajustaban al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en Marbella, y el TSJA dictó como medida cautelar un auto de suspensión temporal del permiso para ejecutar la obra y la consiguiente paralización de las obras.

Una de las dos nuevas promotoras denunciadas ahora por la Junta de Andalucía es reincidente en este tipo de actuaciones, Naviro Inmobiliaria 2000, a la que ya Obras Públicas llevó ante la fiscalía por no atender la orden de paralización de una promoción de 279 viviendas en Marbella, ubicada en una parcela de suelo urbanizable no programado sin que se hubiera tramitado ningún plan de desarrollo del sector. La denuncia de ahora se refiere a una promoción de 11 viviendas sobre una zona verde en el paraje conocido como Aloha, también en Marbella.

Zona verde

La licencia de obra fue concedida en mayo de 2002 por una comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, que fue presidida por el ex alcalde Julián Muñoz. La Junta de Andalucía la impugnó judicialmente y en noviembre de 2004 el TSJA dictó el auto de suspensión cautelar de las obras.

Los trabajos de la promoción se iniciaron en octubre de 2002, y han continuado pese a esta decisión judicial. La Policía Urbanística del Litoral, dependiente de la Junta, comprobó que las obras continúan en ejecución en una inspección realizada el pasado día 6 de abril. Hasta el momento ya están concluidas dos de las casas, otras siete viviendas se encuentran en ejecución con la estructura ya acabada, y dos aún no se han iniciado.

El otro incumplimiento denunciado se refiere a una urbanización de 181 viviendas en Elviria, que promueve la empresa Sur Inversiones Sema. La licencia de obra fue concedida por el Ayuntamiento de Marbella en noviembre de 2002 amparada en un plan parcial de ordenación que hasta en dos ocasiones contó con informe desfavorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta.

En todo caso, éste plan de urbanización preveía la construcción de viviendas del tipo pueblo mediterráneo, con un máximo de 158 casas, 23 menos de las que se construyen en realidad en Elviria, una zona al este del término municipal marbellí. Además en esta urbanización las casas están agrupadas en bloques y no en la tipología contemplada en dicho planeamiento.

Por ello, la Consejería de Obras Públicas impugnó también la licencia de obra y el 29 de abril de 2004 el TSJA dictó auto de suspensión cautelar de los trabajos. Casi un año después, en marzo de 2004, la sala autorizó a las constructoras que ejecutan el proyecto, Conmar y Promotora Moleón, a que realizaran obras de "consolidación y aseguramiento de taludes, cimentación y torres de tendido eléctrico" a fin de evitar posibles daños a personas y bienes.

Sin embargo, la Policía Urbanística del Litoral detectó desde entonces en siete inspecciones realizadas entre mayo de 2005 y abril de 2006 que las obras continuaban y se excedían claramente de lo autorizado por el tribunal, de forma que la estructura de las viviendas están prácticamente concluidas e incluso algún bloque ya tiene pintado el exterior. En otro de los bloques ya se trabaja en la impermeabilización de la cubierta, según el informe de la inspección.

El propio TSJA ya ha advertido en más de una ocasión en diversas providencias, tanto a las empresas constructoras como al propio Ayuntamiento de Marbella, que el incumplimiento de las órdenes judiciales de paralización de obras puede suponer incurrir en un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Hasta el momento, la fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias por incumplimiento de órdenes de paralización a un total de cinco empresas promotoras en obras de Marbella. Estas empresas son la Comunidad de Bienes Cristo de los Molinos, las promotoras Yambali 2.000, Haviland Proyect, Europea de Complejos Comerciales, y al Grupo Hoteles Playa.