La Comunidad se niega a pagar un nuevo proyecto de la Vía Carpetana

El Gobierno regional quiere excavar en la cárcel de Carabanchel

Madrid - 12 abr 2006 - 00:00CEST

El director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández, manifestó ayer que el Ejecutivo regional no trabaja con la idea de financiar las actuaciones para que la ampliación de la carretera de la Vía Carpetana no afecte al yacimiento romano descubierto en la zona.

El Gobierno regional ha ordenado al Ayuntamiento modificar el proyecto de ampliación de la carretera de la Vía Carpetana por la aparición de los restos históricos. La Concejalía de Urbanismo se mostró dispuesta a cambiar su plan siempre que la Comunidad asuma los costes.

IU calificó ayer de "desvergüenza que el Ayuntamiento pida al Gobierno regional que le pague sus chapuzas, y recordó a Urbanismo que la responsabilidad de las obras es suya".

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha enviado dos cartas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias solicitando permiso para excavar en la antigua cárcel provincial de Carabanchel. "El pasado 9 de diciembre remitimos un escrito para que los arqueólogos puedan hacer catas", explica una portavoz de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

El pasado diciembre durante los trabajos de ampliación de la carretera de la Vía Carpetana, junto al parque Eugenia de Montijo, en el distrito de Carabanchel, aparecieron vestigios de un poblado romano. Los restos arqueológicos se encuentran sobre un área que cubre la prisión de Carabanchel, la ermita de Nuestra Señora de la Antigua y un cementerio.

Instituciones Penitenciarias contestó reclamando más información sobre los trabajos. "Era una solicitud muy escueta", explican desde el organismo estatal. Poco después, la Comunidad volvió a reclamar el acceso a la prisión.

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La antigua cárcel tiene una superficie de 172.167 metros cuadrados. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 se estableció que alojaría cerca de 1.300 viviendas, aunque los grupos municipales acordaron hace un año cambiar el uso para dotarlos de equipamientos sociales. Instituciones Penitenciarias no tiene intención de ceder los terrenos, sino de venderlos para financiar su plan de nuevas prisiones.

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