El Ejecutivo catalán reconoce la representación de los sindicatos minoritarios

El anteproyecto de ley de participación institucional, que el Gobierno tripartito está elaborando prácticamente desde que inició la legislatura, reconoce el peso de los sindicatos minoritarios, siempre que éstos alcancen el 10% de representación "en ámbitos territoriales inferiores al de Cataluña" y en los sectores que requieran la creación de un organismo con representación de los agentes sociales.

El texto, sin embargo, no aclara los criterios de "reparación económica" -la prestación que reciben las patronales y los sindicatos por asistir a algunas reuniones de los organismos públicos-. Habrá que esperar al reglamento de la futura ley.

La propuesta que el Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat acaba de mandar al Consejo de Trabajo Económico y Social catalán (CTESC) para que la evalúe el próximo 24 de abril, supone romper el bisindicalismo de Comisiones Obreras y UGT, tal como pretendía la USOC, que en el Ebro supera el 10% de representación, así como en la enseñanza y la seguridad privada, por ejemplo.

Esta central expresó ayer su satisfacción por el reconocimiento, que también se extendería a otras organizaciones: USTEC en la enseñanza o Cemsatse en el ámbito sanitario. En cambio, aquella central, dirigida por Antònia Gil, criticó la "filosofía" del texto respecto a la financiación porque teme que siga como ahora: tres millones de euros anuales para repartir entre los dos principales sindicatos.

Rechazo radical de CC OO

Comisiones expresó su "rechazo radical" a la propuesta porque considera que "no aporta nada nuevo" a la normativa actual. CC OO sostiene que se trata de la misma propuesta de hace dos años, que este sindicato ya rechazó por restringirla únicamente a la participación institucional y a los fondos económicos para sustentarla. Uno de los principales caballos de batalla del sindicato mayoritario en Cataluña, con el 45% de los delegados, es que la norma regule también las labores de concertación social y de colaboración social de las centrales.

El Departamento de Trabajo e Industria responde que la concertación social ya se desarrolla y regula en el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña y que la colaboración social escapa al ámbito de la participación institucional. "El borrador no gustará a todos por igual", advirtió la Generalitat (véase EL PAÍS de 31 de marzo de 2006).

UGT, por su parte, se limitó a aplaudir que la participación institucional se "ponga en rango de ley" y recordó que la "racionalización" de órganos es su principal demanda. El anteproyecto no recoge nada en este sentido. Tampoco trata de cómo se mide la representación de las patronales

, que ayer no atendieron los requerimientos de este diario al no poder localizar a la mayoría de sus directivos.