¿'Narcos' impunes?

Mientras no se sepa qué pasó con las 13 cintas magnetofónicas desaparecidas en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y que constituían la principal prueba de cargo en un sumario contra un grupo de narcotraficantes, habrá motivos para sospechar que no se trató de una desaparición fortuita, sino de una acción intencionada para destruir la prueba que incriminaba a los jefes de la banda. De hecho, cuatro de ellos han sido excarcelados los días pasados, tras haber ordenado el Tribunal Supremo la repetición del juicio, y otros pueden serlo próximamente, según vayan cumpliendo el máximo legal de cuatro años de prisión preventiva.

La situación creada por la pérdida, hace ya tres años, de las cintas grabadas por la policía de las conversaciones de una red de narcotraficantes turcos y españoles a los que se incautaron 16 kilogramos de cocaína y 52 de heroína es surrealista. El Supremo no ha considerado válida como prueba la mera transcripción de las cintas, ya que no fue previamente cotejada con su soporte material ni autentificada por el secretario judicial. Y, en esa tesitura, se ha inclinado por la opción menos mala para la justicia y la sociedad: repetir el juicio ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dio validez probatoria a la transcripción y condenó a penas de entre 15 y 30 años de cárcel a los cabecillas de la red.

El Supremo ha dado una segunda oportunidad a la Audiencia Nacional, con la esperanza de que aparezcan las cintas y puedan ser aportadas al nuevo juicio. Pero si no es así, estaremos en las mismas: o la Audiencia Nacional absuelve directamente a los narcotraficantes o lo hará más tarde el Supremo, que ya ha adelantado que la sola transcripción de las cintas no basta para condenar.

Lo más llamativo de una situación de difícil comprensión para los ciudadanos es la calma con que los responsables judiciales -el titular del juzgado, la presidencia de la Audiencia Nacional y el Consejo del Poder Judicial- han reaccionado ante un hecho tan grave como el quebranto de la custodia de una prueba, que puede provocar la impunidad del delito. Un juzgado de instrucción investiga la desaparición de las cintas, lo que apunta a su carácter delictivo. Pero no se sabe que el Consejo del Poder Judicial haya abierto ninguna diligencia informativa sobre un hecho que también incide de lleno en el funcionamiento de la justicia y que podría acarrear medidas disciplinarias. Es sobre estos asuntos, que afectan a la gestión del Consejo del Poder Judicial y que nada tienen que ver con la jurisdicción, sobre los que el Parlamento reclama control, al que se viene negando contra toda lógica democrática su presidente, Francisco J. Hernando.