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El Incasol vendió oficinas en Ciutat Vella por debajo del precio de mercado

Los compradores fueron entidades sin ánimo de lucro, salvo en el caso de Edicions 62

Edicions 62 compró en 1999 al Incasol (organismo público entonces dependiente del Departamento de Política Territorial ) tres locales contiguos en Ciutat Vella de Barcelona por debajo del precio de mercado. La escritura registra un precio de 721 euros el metro cuadrado. Las estadísticas municipales señalan que el precio medio en ese momento era de 1.671 euros el metro cuadrado. El Incasol realizó entre 1999 y 2004 otras 23 operaciones, la mayor parte de ellas en Ciutat Vella, pero en casi todos los casos los compradores fueron entidades sin ánimo de lucro. También compraron locales ICV, el sindicato USOC y el PSC, este último ya gobernando el tripartito, aunque su contrato incluye una cláusula de recompra por parte de la empresa pública que no figura en el resto de contratos.

El 15 de julio de 2004 el Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) compró al Incasol un local en la calle dels Àngels. Tenía, sigue teniendo, una superficie de 192,87 metros cuadrados y fue adquirido al precio de 751 euros el metro cuadrado, con un importe global de 144.845 euros. Las estadísticas que publica el Ayuntamiento de Barcelona señalan que el precio medio del metro cuadrado en el distrito de Ciutat Vella en ese año era de 3.699 euros. Un portavoz del Incasol comentó que la venta se hizo en condiciones especiales, aunque similares a otras anteriores, debido a que el PSC es una entidad sin ánimo de lucro. Además, señaló la misma fuente, este contrato incluye una novedad frente a otros anteriores del Incasol: el organismo público se reserva indefinidamente el derecho de recompra aplicando como único incremento el índice de precios al consumo y, como mucho, las mejoras autorizadas. "No puede hablarse en ningún caso de un pelotazo porque el PSC no puede hacer negocio con el local", afirmó el portavoz.

Este tipo de cláusulas no se utilizaban por primera vez. El Gobierno de CiU la introdujo en la última de las ventas de este tipo realizadas por el Incasol. Fue también a una entidad benéfica y sin ánimo de lucro: la Fundación Privada la Roda, que se hizo así con un local en Basses de Sant Pere 1, en Barcelona, al módico precio de 275 euros el metro cuadrado.

ICV y USO

Previamente, el Incasol había vendido locales a otros organismos. En Barcelona y, esporádicamente, en algún otro punto de Cataluña. Por ejemplo, en el barrio de Torreforta de Tarragona facilitó la adquisición de un local a la entidad ecologista Centro de Iniciativas Ecológicas del Mediterráneo.

Pero las operaciones de mayor envergadura, entre las relacionadas con entidades sin ánimo de lucho son las de USOC, Iniciativa per Catalunya Verds y la cooperativa de UGT Qualitat o Habitatge social. En el caso del sindicato, su portavoz explica las peripecias que llevaron a la adquisición del local (en realidad tres locales contiguos) de unos 800 metros cuadrados en la calle de Sant Rafael. "Teníamos un local sindical que el Estado nos había dado en Martorell, pero queríamos estar en Barcelona y, al final, tuvimos que comprar éste que nos ofreció el Incasol". Por el medio hay diversas negociaciones y la oferta de cedérselo gratis pero haciéndose cargo de las obras. "El coste era tan alto que preferimos comprar", señala el mismo portavoz, que añade que el precio lo puso el Incasol y no fue discutido. El precio fue de 529 euros el metro cuadrado y la escritura se firmó el 24 de enero de 2002. El precio medio del metro ese año en el distrito era de 2.130 euros.

Tampoco Iniciativa discutió el precio que pagar por el local (de nuevo tres locales) en la calle de Armengol. Fue de 751 euros el metro cuadrado para unos 400 metros. En situación similar están asociaciones de vecinos (en el barrio de Sant Cosme, en el Prat del Llobregat) el Servicio Catalán de la Salud (en Ciutat Vella, Barcelona), el Consejo Comarcal del Barcelonés (también en Ciutat Vella) o el Institut d'Estudis Catalanas, en plena calle del Carme o el Foment de les Arts Decoratives (FAD). Ninguno de estos contratos incluye la cláusula de retracto a favor del Gobierno catalán que figura en la venta al PSC.

Pero entre los compradores están también la Asociación Catalana de la Prensa Comarcal, entidad que agrupa 139 revistas diversas y tres diarios: Regió 7, Segre y El Punt. Realiza para ellos desde cursos de formación hasta asesoría jurídica.

Y, finalmente, Ediciones 62 que adquirió tres locales, que suman casi 1.000 metros cuadrados, a 721 euros por metro cuadrado. La dirección actual explicó que no hay nadie de aquella época y que no tienen memoria de la operación, más allá de la fecha de adquisicón y coste, aunque "en aquel momento casi nadie quería instalarse en Ciutat Vella", lo que explicaría el bajo precio pagado. La escritura tampoco incluye la reserva del derecho de recompra por la empresa pública. Un portavoz de la Caixa, accionista mayoritario en Edicions 62, recordó que en aquel momento (1999) la entidad era minoritaria en el capital social de la firma editora.

Otra venta es la de un local situado en la confluencia de Hospital con Rambla del Raval. El comprador fue la Associació Catalana de Premsa Comarcal. La venta se produjo el 11 de abril de 2000 a un precio de 663 euros el metro cuadrado, para una superficie total de 279,67 metros, lo que supuso un precio global de 185.306 euros. El presidente actual de la asociación sin ánimo de lucro explica que la compra se hizo en subasta. Una primera quedó desierta y en la segunda la entidad ofreció el precio en sobre cerrado y ganó. "No hubo más secreto. Salvo que como no dispone de tienda no interesó y por eso quedó desierto en la primera subasta".

Un contrato precursor de la ley de la vivienda

La cláusula del contrato de venta del local adquirido por el PSC prefigura una de las voluntades declaradas por la futura ley del derecho a la vivienda: la posibilidad de consolidar un mercado de segunda mano de vivienda barata, hoy casi inexistente. Lo que hay, en su lugar, es un potente mercado negro de la vivienda protegida fuera de todo control público. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda desea que, en el futuro, los locales vendidos reviertan en el erario público o, cuando menos, formen parte de un mercado transparente. De ahí que la futura ley incluya la previsión de que las viviendas protegidas no puedan ser vendidas por su propietario a quien le parezca, sino que haya una lista pública y transparente de compradores. Detrás está la convicción de que la vivienda pública es una ayuda al ciudadano, no un mecanismo que permita la especulación.

Lo mismo pasa en el caso de las ventas del Incasol a entidades sin ánimo de lucro: si luego desean vender, deberán hacerlo al Incasol, de modo que el Gobierno catalán, de quien depende esta empresa, podrá actuar de nuevo beneficiando a otras entidades. Lo que pasa es que las ventas efectuadas por el Incasol en los años de CiU olvidaron la cláusula de recompra, de modo que el comprador podía, si el mercado subía, como ha ocurrido, apuntarse al pelotazo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de abril de 2006

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