La Junta quiere que las autonomías decidan en las reformas de los impuestos

La Junta quiere que las comunidades tengan voz en los cambios legislativos de los impuestos que las autonomías comparten con el Estado: IRPF, IVA e impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos). El Ejecutivo andaluz cree que el foro en el que se debe decidir la reforma de estos tributos es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano que reúne al Gobierno central y a los autonómicos. En este escenario, la Junta considera clave reformar el Senado para que actúe como cámara de primera lectura en los cambios de estos tributos.

El consejero de Economía, José Antonio Griñán, acudió ayer al Parlamento para detallar las propuestas que la Junta va a presentar al Ministerio de Economía para el diseño del futuro sistema de financiación autonómico. Esta reforma se producirá como consecuencia de las carencias que ha demostrado el actual. Estas carencias, según la Junta, se resumen en que el actual modelo dota de insuficientes recursos a las comunidades para hacer frente a las competencias que tienen asumidas y en la limitada autonomía fiscal que tienen las administraciones autonómicas.

La Junta, tras oír las propuestas que haga la oposición, remitirá sus propuestas al Gobierno, que prevé que el futuro sistema de financiación empiece a funcionar en 2008. La arquitectura final del sistema se decidirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque ya se conocen algunas claves como consecuencia del pacto entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, para sacar adelante el Estatuto catalán.

Este acuerdo establece que la cesión del IRPF a las autonomías pasará del 33% al 50%; la del IVA del 35% al 50% y la de los impuestos especiales del 40% al 58%. El Gobierno de Manuel Chaves discrepa del porcentaje acordado en el caso de los impuestos especiales, que, en su opinión, también debería llegar hasta el 50%. Los porcentajes que plantea la Junta darían lugar, según Griñán, a "un sistema fiscal equilibrado".

En los últimos meses, Griñán ha ido avanzando algunas de las propuestas de la Junta, como que se pondere la población en edad escolar para calcular el gasto en educación; que las autonomías tengan margen para crear nuevos impuestos y que el Estado prometa no impugnarlos o aumentar de forma notable el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un instrumento del Estado para invertir en infraestructuras en las comunidades más desfavorecidas.

La principal novedad de la propuesta que ayer detalló el titular de Economía es que las autonomías participen en las decisiones sobre las reformas de los impuestos compartidos con el Estado, que configuran el núcleo central de sus ingresos tributarios. Este planteamiento obedece a que cuando el Gobierno central adopta alguna decisión sobre estos impuestos, sobre todo en el caso del IRPF, la repercusión es inmediata en los ingresos de las autonomías.

En esta propuesta subyace la creencia de que las autonomías deben tener mayor margen de decisión en el dinero que entra en sus arcas. Y más cuando soportan el gasto en materias que son de su exclusiva competencia y que absorben una gran, y creciente, cantidad de recursos (sanidad, educación o servicios sociales). Griñán sintetizó ayer esta idea con la siguiente frase: "Queremos más responsabilidad sobre los ingresos de las comunidades autónomas, no sólo sobre los gastos".

Por este motivo, el consejero de Economía apuntó ayer que el CPFF debe ser el foro donde se aborden los cambios legislativos sobre los tributos compartidos por el Estado y las autonomías y que el Senado debe desempeñar un papel clave en este escenario.

Además, Griñán concretó que va a pedir al Gobierno central que la dotación del FCI, que en 2006 asciende a 1.159 millones de euros, se multiplique por 2,5.

La Junta también quiere que cuando se negocie el próximo sistema se tenga muy en cuenta la población que se verá beneficiada por la Ley de Dependencia que ha impulsado el Gobierno central y que será una norma que va a tener un importante impacto en el gasto de las autonomías. En el gasto sanitario, Griñán pretende que no sólo se pondere la población mayor de 65 años, sino también la que tiene menos de cuatro.

Además, se inclinó por que el fondo de suficiencia -el dinero que aporta el Estado para cubrir la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que éstas perciben por sus ingresos tributarios- evolucione según crezcan el conjunto de los ingresos del Estado y de las comunidades.