Un olvido

Con mucha frecuencia los periodistas tendemos a minusvalorar las normas declarativas de leyes y constituciones. Llevados por el oficio de elevar la anécdota a categoría, por la costumbre de fijarnos en lo concreto por encima de lo general, casi siempre nos parece que todas las declaraciones de principios son puro papel mojado. Y no es eso. O al menos siempre no es así.

A esta práctica no han sido ajenas casi todas las lecturas que hemos hecho del nuevo Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado la semana pasada. Nos hemos fijado mucho en la definición del valenciano como lengua oficial, en la barrera del 5% para acceder a las Cortes Valencianas, en la creación de nuevos órganos como el Consejo de Justicia Valenciano y el Servei Tributari Valencià, en la llamada cláusula Camps, o en la capacidad de disolución de las Cortes. Sí, sin duda el aspecto mollar de la reforma estatutaria, pero está también la cuestión de los nuevos derechos a los que el Estatut dedica un título y a los que hemos prestado una muy escasa atención mediática. Apenas nos hemos fijado en el Título II y en concreto en los llamados derechos sociales, en los derechos referidos a temas tan diversos como la salud, el trabajo, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la asistencia social a las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión, la atención a los inmigrantes, la compatibilidad de la vida familiar y laboral, los derechos de las personas discapacitadas y de las personas dependientes, entre otros. Y de todos ellos merece destacarse por su importancia y novedad, el reconocimiento del derecho a una renta básica de ciudadanía, recogido en el artículo 15 del nuevo texto estatutario.

Esta declaración de derechos entronca directamente con el artículo 9.2 de la Constitución según el cual "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Este precepto, no menos declarativo que cualquier otro, constituye, en manos de una mayoría que tenga una efectiva voluntad de progreso, una auténtica palanca de cambio para la transformación del Estado liberal en Estado social. Así, tras las mayorías del PP, en estos dos primeros años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hemos visto cómo se han acometido reformas legislativas para garantizar la libertad y la igualdad de las mujeres, de los homosexuales y de las personas dependientes. Ciertamente las grandes declaraciones de derecho por sí solas no solucionan nada, pero la cosa cambia si detrás de ellas hay administraciones dispuestas a hacer efectivos sus contenidos.

Apenas veinticuatro horas antes de la aprobación del Estatut los portavoces del PP y del PSOE en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda y Antoni Such respectivamente, se hacían un reproche recíproco: la otra formación iba a ser incapaz de acometer el desarrollo legislativo que deriva del nuevo Estatut. Pues bien, ahora tienen la magnífica oportunidad de demostrar cada uno al otro que está equivocado. No tienen más que apresurarse a desarrollar el citado artículo 15, que garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a una renta básica.

Total, que hemos acabado como al principio pero al revés, de la categoría a la anécdota, de lo general a lo concreto. Una "anécdota" que afecta a muchos de nuestros conciudadanos.