El primer problema de los inmigrantes es el precio y mal estado de las viviendas, según un estudio

Las dificultades para acceder a una vivienda digna se erigen en la primera causa de discriminación, hacinamiento y conflictividad entre los inmigrantes, según denuncian los propios afectados en la Comunidad Valenciana en un estudio oficial realizado con 12 entidades sociales de referencia. Los mediadores confirman el elevado precio y las condiciones inasumibles que exigen las inmobiliarias para poder alquilar un piso de 70 metros cuadrados, sin luz exterior y en fincas deterioradas. El precio, que oscila entre los 342 y 781 euros, duplica o triplica el salario medio que cobra un inmigrante.

El único piso ofertado en la ciudad de Valencia por 324 euros, según explicaciones de una agencia era: "Un piso viejo, en malas condiciones y que llevaba tiempo en alquiler". Rebuscando por las inmobiliarias, ofrecieron algunos más en zonas céntricas de la ciudad, aunque en las calles más deterioradas, a partir de 420,71 euros (es decir, 70.000 viejas pesetas). En general, las inmobiliarias de Valencia y Alicante respondieron con un rotundo: "No hay nada en alquiler y menos en las afueras" y un "No se encuentra nada por menos de 781 euros".

En los anuncios de los periódicos los mediadores sociales que acompañan a los inmigrantes se encuentran una división más en las ofertas: los pequeños estudios o apartamentos de entre 271 euros y 400 en barrios de Valencia como Benimaclet o Russafa, que están siendo importantes receptores de estudiantes universitarios. Es decir, que aparece un segmento creciente de cliente que entra en "competencia directa" en precio con los inmigrantes, pero no en las condiciones: difícilmente los inmigrantes pueden organizarse en este tipo de espacios por su propia estructura familiar o afectiva (tíos, cuñados, amigos o conocidos de sus países de origen que normalmente son sus introductores en la ciudad receptora y con los que comparten los enseres domésticos, el cuidado de los menores, el reparto de tareas e incluso de ingresos).

La relación entre el precio del alquiler de vivienda y la situación laboral y los ingresos de los inmigrantes ahondan más las dificultades para poder pagar "los dos o tres meses" que les piden o encontrar "un aval". Según el estudio, del Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes (CEIM) y la Consejería de Bienestar Social publicado en 2005, el 84% de los inmigrantes que buscan vivienda trabajan, aunque no todos tienen contrato. Aunque sus ingresos mensuales en el 45% de los encuestados oscila entre 600 y 900 euros, en función del trabajo temporal que realicen en ese momento. Pero aún existe otra bolsa más preocupante: un 19% de los hogares al que pertenecen los inmigrantes vive con menos de 600 euros al mes. Según el último censo de afiliados a la Seguridad Social de diciembre pasado, en la Comunidad Valenciana estaban dados de alta 116.095 extranjeros, pese a que 493.895 tienen acreditación de tarjeta sanitaria en la Comunidad, según datos del IVIE.

Para realizar este "mapa aproximado de la vivienda que ocupan los inmigrantes", la Generalitat -consciente de "la fuerza estructurante que adquieren las condiciones de mala vivienda en zonas donde la integración resulta más conflictiva"- recurrió a la mediación de 12 de las entidades sociales más representativas de las tres provincias para realizar el estudio. Se trata de: Cecopi-Valencia;Acoge en Valencia y Alicante; Cáritas, en las tres capitales; Cruz Roja en Valencia; CITMI (Valencia); la Asociación Marroquí Al Almal; la Asociación ecuatoriana Rumiñahui; y la COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias) de Valencia y Alicante.