Cuatro alcaldes de la Costa del Sol elogian la actuación judicial

Alcaldes de la Costa del Sol Occidental, pertenecientes a diversas formaciones políticas, coincidieron ayer en desligar su gestión de la corrupción urbanística, tras la operación contra este tipo de prácticas en el Ayuntamiento de Marbella, por la que ha sido encarcelada su alcaldesa, Marisol Yagüe. El alcalde de Manilva, Salvador Zotano, afirmó que la situación de Marbella "no debe generar desconfianza en la gestión municipal" y opinó que "sería muy injusto generalizar", ya que "hay muchos concejales trabajando por sus pueblos".

Zotano, expulsado del PSOE y que accedió a la Alcaldía tras la dimisión de Pedro Tirado por su encarcelamiento en el caso de blanqueo de capitales Ballena Blanca, consideró que lo ocurrido en Marbella es "la crónica de una muerte anunciada" de la que "era consciente toda la Costa del Sol". Confió en que este caso, en el que la justicia ha actuado como "una garantía" del Estado de derecho, sirva para concienciar de que "no se puede caminar al filo de la navaja".

En opinión del alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín (GIB), la situación de Marbella era "algo que se conocía desde hace muchos años", si bien apuntó que en la Costa del Sol "ha habido otros casos", y opinó que esta situación contribuye a la imagen que existe entre los ciudadanos de los políticos, que "somos las personas peor valoradas". Bolín apuntó que hay "mecanismos" de control para combatir estas ilegalidades, aunque opinó que la justicia es "excesivamente lenta", al tiempo que reclamó mayores competencias y recursos para los ayuntamientos, debido a la dependencia financiera que tienen del urbanismo. Recordó que fue "el único" que paró los pies a Jesús Gil y le ganó en los tribunales, tras lo que sufrió una "persecución personal".

Criminalizar el urbanismo

El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), afirmó que la situación de Marbella, en la que "unos cuantos han confundido lo público con lo privado para enriquecerse" era "vox populi" y que se esperaba la actuación de la justicia. Barrientos sostuvo que "si hay alguien que haya metido la mano en la caja, le caiga todo el peso de la ley", aunque lamentó que "se haya criminalizado el urbanismo", pues "parece que un convenio urbanístico es sinónimo de corrupción y no es así".

A juicio del alcalde de Casares, Juan Sánchez (IU), el caso de Marbella contribuye a generar "desconfianza" en la clase política, hasta el punto de que "decir que uno es concejal en la Costa equivale a que uno es un delincuente". El regidor, que abogó por trabajar para recuperar la confianza perdida, señaló que en Marbella "se esperaba que la justicia actuara algún día", si bien lamentó que no se haya adoptado ninguna decisión política contra la situación generada por "la llegada del GIL". La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña (PP), prefirió no pronunciarse al respecto.