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El anteproyecto de la nueva ley de servicios sociales no fija un número mínimo de inspectores

Bienestar Social asegura que es un borrador y que no reducirá la función inspectora

El anteproyecto de la nueva ley de servicios sociales que prepara la Consejería de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario evita fijar un número mínimo de inspectores. La anterior ley, elaborada por el PP en 1997, estableció una relación de un inspector por cada 250.000 habitantes, por lo que debería haber 18 pese a que la plantilla actual es sólo de ocho. Fuentes de Bienestar Social sostienen que se trata sólo de un documento de trabajo y que no piensan reducir la inspección "sino todo lo contrario". La falta de peso de este servicio ha sido criticado desde la oposición tras la muerte de cinco personas en el incendio de la residencia de Massamagrell, que no recibía una visita de este servicio desde 2004.

Hay ocho supervisores pero el aumento de la población hace que hagan falta otros diez

El borrador del anteproyecto se ha repartido a lo largo de los últimos días entre las distintas direcciones generales de la Consejería de Bienestar Social para que aporten las enmiendas que consideren ya que, al tratarse de una ley tan general, abarca la práctica totalidad de los departamentos. Fuentes oficiales de la consejería quitaron valor a este documento. "No existe ninguna decisión tomada al respecto", indicaron desde el departamento que dirige Alicia de Miguel. Únicamente indicaron que es un "documento de trabajo de la consejería" y que "no se va a consentir" que descienda el peso de la función inspectora con la nueva normativa.

La falta de inspectores es un problema que Bienestar Social arrastra desde la aprobación de la ley de Servicios Sociales de 1997, e incluso antes. El Síndic de Greuges advirtió en un informe de 1996 de la necesidad de "intensificar la actividad inspectora" para "garantizar la calidad exigida en la prestación de la asistencia residencial". La falta de personal provocaba el archivo de la mayoría de quejas sobre centros que formulaban los usuarios. Un año más tarde, la Administración popular dirigida entonces por Eduardo Zaplana elaboró una ley de Servicios Sociales que reguló la función inspectora. La ley 5/1997 por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana atribuyó a los inspectores las competencias de "velar por el respeto de los derechos de los usuarios" y "controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios". Para ello, la disposición adicional segunda recogía que el servicio de inspección debía incrementarse hasta alcanzar la relación de un inspector por cada 250.000 habitantes.

Cifra congelada

Entonces, con una población de cuatro millones de habitantes, la plantilla debía alcanzar los 16 funcionarios a pesar de que sólo había seis. Esta cifra se ha mantenido congelada durante las gestiones de Marcela Miró (1997-1999), Carmen Mas (1999-2000) y Rafael Blasco (2000-2003) frente a la consejería que ahora dirige Alicia de Miguel. Y la denuncia de la falta de cumplimiento de la ley ha sido una constante, especialmente tras sucesos como los ocurridos la semana pasada en Massamagrell con la muerte de cinco internos en un centro de mayores que albergaba a enfermos mentales. En 1999 fue el descubrimiento de 25 fallecimientos en un año en una residencia ilegal para mayores en Formentera de Segura. Entonces, en plena crisis política, la consejera Carmen Mas se comprometió a reforzar la inspección. Sin embargo, un año más tarde, con Blasco al frente de los servicios sociales, la cifra incluso se redujo. Sólo cuatro funcionarios controlaban los más de 300 centros sociales públicos y privados existentes. Los otros dos se dedicaban únicamente a labores administrativas.

Ahora, tras la muerte de cinco internos de la residencia de San Lorenzo de Brindis la semana pasada, ha vuelto a salir a la luz la falta de inspectores. Se han incrementado a ocho, pero el aumento de la población valenciana, que ya alcanza los 4,5 millones, hace que falten otros diez.

Aunque quizás le quede poco tiempo a esta exigencia, si se mantiene el articulado elaborado por Bienestar Social del borrador del anteproyecto de la Ley de Ordenación y Promoción del Modelo Social de la Comunidad Valenciana, la norma que sustituirá la ley de 1997. El texto dedica el título VII a la seguridad y control de las prestaciones sociales, donde incluye la inspección. El artículo 150 remite a "la actuación inspectora" la "vigilancia, control, comprobación y orientación" del cumplimiento de la normativa de servicios sociales. Sin embargo, evita fijar un número determinado de inspectores. Respecto al personal inspector, señala que la consejería "acreditará al personal inspector" e indica que "el número de inspectores tendrá que ser suficiente para el desempeño de los objetivos de la ley", sin entrar en más detalle de su número mínimo.

De forma paralela, la nueva ley dedica un artículo a los "sistemas de evaluación externa y autocontrol". En él, se establece que la consejería "fomentará la evaluación externa y periódica de la calidad y seguridad de la atención social en los diferentes centros y servicios sociales mediante auditorías por parte de instituciones públicas o empresas privadas especializadas que garanticen una evaluación independiente". Además, la norma indica que se "potenciarán los sistemas de autocontrol".

Infracción muy grave

La residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell en la que fallecieron cinco internos el martes pasado tras un incendio en la enfermería tenía un permiso para alojar a 54 personas mayores concedido en 1993.

En el momento del incendio había 120 personas y la mayor parte de ellas con enfermedad mental. No se han trasladado cifras oficiales, aunque fuentes del sector apuntan a un mínimo de 80 residentes con problemas mentales. Y entre ellos había personas tuteladas por la propia Generalitat.

De esta forma, la residencia estuvo funcionando como un Centro Específico de Enfermos Mentales (Ceem) sin acreditación. La ley valenciana de Servicios Sociales de 1997, en su artículo 87, entiende como infracción muy grave en su apartado primero: "Abrir o cerrar un centro, así como prestar un servicio, sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa, provisional o definitiva, del organismo competente en materia de servicios sociales".

Bienestar Social no tiene ninguna intención de iniciar un expediente sancionador. "Estaba en pleno proceso de autorización", señalan desde el departamento que dirige Alicia de Miguel. "Tenía una autorización para bono residencia y para acoger mayores y la normativa de seguridad estaba garantizada", sostienen.

A ello añaden otro argumento. "Hay un mandamiento constitucional que indica que lo más importante es la atención inmediata y luego la especializada, por lo que obliga a dar atención y mantener a la persona que lo necesite en un recurso si no existe el especializado. Por ello, el centro estaba en la más absoluta legalidad al cumplir el mandamiento constitucional".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de abril de 2006

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