Un ex alto cargo del Ivex declarará como imputado por el contrato con Julio Iglesias

Faustino Salcedo, ex director de comercio exterior del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y ahora responsable de la delegación de la institución en Miami, declarará en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia en relación con las investigaciones que se practican sobre los pagos a Julio Iglesias por su compromiso comercial de impulsar la imagen de la Comunidad Valenciana. Ha sido la sección primera de la Audiencia de Valencia la que así lo ha decidido, estimando de ese modo parte del recurso presentado por la acusación particular -que ejercen ocho diputados socialistas- y el fiscal en el que solicitaban que se atendiera la práctica de algunas diligencias denegadas por el juzgado.

La Audiencia considera procedente que Faustino Salcedo declare como imputado "por su relación y responsabilidad en los fondos que se entregaron en ejecución de contrato suscrito por el Ivex y Julio Iglesias". Según consta en el auto, "resulta sensato" que comparezcan ante el juzgado en calidad de testigos Vicente Sendra Aparisi, ex director de la oficina del Ivex en Miami; Carmen De Miguel, ex directora del Ivex; Joaquín Barber, ex director financiero del Ivex; y el director de la entidad Arab Bank de Valencia en el periodo 1998-2000. Estas comparecencias están supeditadas, siguiendo el criterio que planteara el ministerio público, a que se encuentre documentación que pueda justificarlas y que exija de ellos una ampliación de información.

Los supuestos delitos

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga desde otoño pasado si se produjeron irregularidades en los pagos al cantante Julio Iglesias por unos servicios de promoción que estaban recogidos en un contrato con una parte que se hizo pública fijó en 2,2 millones de euros y un anexo, que no se dio a conocer, de 3,6 millones de euros. La operación podría haber supuesto la comisión de delitos de falsificación, malversación de caudales públicos y delito fiscal. La denuncia fue presentada por ocho diputados socialistas contra José María Tabares, entonces director general del Ivex, y el consejo de administración. Tabares declaró a primeros de enero en un juzgado de Sevilla como imputado. Afirmó que el contrato era correcto, que los pagos fueron legales, que tanto el consejo como los departamentos de Industria y de Economía tenían puntual y perfecto conocimiento de las distintas transacciones.

Sin embargo, José Marquina, ex director de la oficina del Ivex en Miami, afirmó en un periódico que se habían realizado pagos por servicios inexistentes a través de facturas que él mismo tuvo que falsificar. Declaró como testigo y en su comparecencia sólo se refirió a una factura por valor de 325.000 dólares porque hubo un problema en el envío de un pago al cantante y este se negó a seguir si los abonos no estaban al día. El Ivex dijo que no guarda copia de la documentación, el juez negó la práctica de la mayoría de diligencias pendientes y ahora la Audiencia estima algunas.