Otegi, bajo fianza

Para quienes querían meter en la cárcel a Otegi, sin esperar a juzgarlo, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska de ponerlo en libertad provisional bajo fianza de 250.000 euros habrá sido sentida como un fiasco. Eso sucede cuando se confunde la justicia con los propios deseos y se tiene un concepto instrumental de su funcionamiento, tan burdo como el que subyace en la teoría sobre la homogeneización de los poderes del Estado recientemente puesta en circulación por dirigentes de Batasuna.

La decisión ha coincidido esta vez con la postura del fiscal. Si el juez ha atendido los argumentos del ministerio público, se debe a que los ha estimado sólidos. Hace menos de un año, Grande-Marlaska optó también por la libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros al procesar a Otegi por pertenencia a ETA, un delito más grave que el de inducir a una huelga ilegal que se le imputa ahora. El magistrado desoyó entonces al fiscal que había solicitado la prisión incondicional. Incluso un lego en derecho procesal sabe que el juez actúa autónomamente y no al dictado del fiscal.

La nueva comparecencia de Otegi ante el juez ha provocado, por coincidir con el alto el fuego de ETA, que desde todos los lados se haya pretendido marcar el camino a seguir. Y ello por más delirante que resulte querer determinar de antemano cuál es la mejor forma de actuar en un momento procesal en que todas las medidas son provisionales y frecuentemente anuladas o sustituidas por otras. ¿Cumplió mejor la ley el fiscal hace un año solicitando la prisión incondicional para Otegi o Grande-Marlaska decidiendo su libertad bajo fianza? ¿La incumplen ahora cuando ambos desestiman la prisión incondicional?

La realidad es que la ley se cumplió entonces y ahora. Por ello, es lamentable que el PP haya querido trasladar a la opinión pública el mensaje de que la prisión incondicional era la única medida admisible. Su libertad bajo fianza no supone dejar impune la actuación delictiva que se le imputa. Otegi y el resto de convocantes de la huelga ilegal deberán responder de sus actos, pues ninguna expectativa puede paralizar el funcionamiento de la justicia frente a quienes tengan cuentas pendientes con ella. Eso es lo esencial en un Estado de derecho. Y tanto mejor si la decisión del juez contribuye a facilitar las cosas en el País Vasco.