El Poder Judicial exculpa a la Audiencia de la excarcelación de cuatro islamistas

El Consejo General del Poder Judicial acordó ayer archivar la investigación abierta en la Sección Tercera de la Audiencia Nacional para determinar si en el juicio contra la célula española de Al Qaeda se produjeron dilaciones indebidas que permitieron la excarcelación de cuatro islamistas. Najib Chaib Mohamed, Mohamed Needl Acaid, Mohamed Zaher Asade y Said Chedadi, condenados en septiembre por pertenencia a organización terrorista tras tres años y 10 meses de proceso, ya han salido de la cárcel al haber cumplido la mitad de su pena en prisión preventiva sin que el Supremo haya resuelto sus recursos. Yusuf Galán y Driss Chebli, miembro y colaborador de la célula, serán los próximos en salir.

Esos cuatro excarcelados fueron condenados a penas de entre ocho y nueve años de cárcel. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Ángela Morillo y Ricardo Rodríguez, los sentenció como autores del delito de pertenencia a organización terrorista el pasado 27 de septiembre, después de casi cuatro años de proceso (casi tres de instrucción) que prácticamente consumieron el tiempo que podían pasar en situación de prisión preventiva (la mitad de sus condenas). Otros dos supuestos terroristas, Driss Chebli y Luis José Yusuf Galán, condenados a seis y nueve años, saldrán de prisión los próximos meses de junio y agosto, respectivamente, si el Tribunal Supremo no resuelve antes los recursos de casación que presentaron.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró ayer que en el caso no se produjeron retrasos indebidos que pudieran acarrear responsabilidad para los magistrados que participaron en el proceso. "Teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el número de procesados en la causa, entendemos (...) que no puede hablarse de dilación susceptible de reproche disciplinario", explica el informe del servicio de inspección que los cinco miembros de la comisión -formada ayer por Monserrat Comas, María Ángeles García, Juan Carlos Campo, Carlos Ríos y Enrique López- aprobaron por unanimidad.

Ese documento recuerda que durante la instrucción del sumario, dirigido por el juez Baltasar Garzón, se realizaron 23 comisiones rogatorias (diligencias en el extranjero que en algunos casos implicaron el desplazamiento del juez), algunas de ellas a países como Indonesia, Yemen, Arabia Saudí o Jordania. También se solicitó la extradición de tres implicados a Alemania y Reino Unido. La presencia de 24 procesados (de los cuales 14 se encontraban en prisión y 18 fueron finalmente condenados) dio lugar a 38 recursos de reforma y 27 de apelación que, según el informe de la inspección, retardaron las actuaciones.

El departamento de Justicia de EE UU, el servicio de inteligencia danés, y órganos judiciales estadounidenses, belgas y alemanes solicitaron tomar declaración al principal acusado, Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, y pidieron copias de los testimonios de otros imputados. "Se hace constar también la presencia constante de los funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior [de la Policía] aportando informes y solicitando diligencias, así como de agentes del FBI solicitando copias de actuaciones y despachando con el magistrado Baltasar Garzón", dice el documento. Todo ello dio lugar a un sumario de 38.238 folios divididos en 134 tomos, 69 volúmenes de documentos y otros 48 de comisiones rogatorias que tuvieron que ser traducidos al idioma de los países para los que se cursaron.

"La valoración de lo que constituye una duración razonable de un proceso ha de hacerse a la luz de las circunstancias particulares del caso en cuestión y, muy especialmente, atendiendo a la complejidad del propio proceso", afirma el informe citando dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.