Gallardón se niega a expedir unas tarjetas europeas de aparcamiento para minusválidos

El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado integrarse en la Tarjeta Europea de Estacionamiento, que permite a las personas con movilidad reducida aparcar sin ser multadas en las zonas restringidas. La Comunidad y el resto de municipios implantaron la tarjeta europea en 2005, pero la capital la rechaza porque no incluye la matrícula del vehículo, lo que "favorece el fraude". Madrid ha creado dos tarjetas: una para discapacitados conductores y otra para los que necesitan acompañante. Los minusválidos critican que en ambos casos necesitan tener el coche a su nombre.

La tarjeta europea nació en 1998 como fruto de una recomendación -texto legal que promueve una determinada política entre los Estados miembros, aunque no es de obligado cumplimiento- de la Unión Europea. El objetivo era crear una tarjeta única para todos los países y municipios con la que los minusválidos de un lugar puedan aparcar en otra localidad sin ser multados.

La tarjeta permite, por ejemplo, aparcar a los minusválidos en las zonas de carga y descarga, en las zonas de parquímetros sin pagar, o en plazas reservadas para este colectivo. El identificativo sirve igualmente, en el caso de que el discapacitado no sepa conducir, para que el coche de quien le acompañe también pueda ser aparcado en las mismas zonas.

En España, la competencia en esta materia la tienen las comunidades autónomas, aunque son los municipios los que expiden las tarjetas. Por ello, el año pasado la Comunidad de Madrid y Federación de Municipios de Madrid (FMM) firmaron un convenio para crear la tarjeta regional a imagen y semejanza de la europea.

"Decisión incomprensible"

El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, se niega a aceptar como suya esta tarjeta. Esta decisión levanta las críticas de las asociaciones de minusválidos. "Es una decisión incomprensible", se queja Óscar Moral, de la Coordinadora de Discapacitados Físicos. "Esta tarjeta ha sido aceptada por todas las capitales europeas y municipios españoles. ¿Qué tiene Madrid de especial para no aceptarla?", se pregunta Rosario González, una discapacitada conductora afectada por la medida.

Javier Conde, director general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, le responde: "Lo hacemos para evitar el fraude. La tarjeta europea no incluye la matrícula del vehículo, lo que permite su falsificación y uso fraudulento. Madrid tiene 9.000 tarjetas municipales de aparcamiento para minusválidos, cifra importante que nos obliga a combatir el fraude con todas las medidas a nuestro alcance", defiende Conde.

Esta posición, sin embargo, no es compartida por la Comunidad de Madrid. "La actitud del Ayuntamiento no es muy comprensible. Está bien combatir el fraude, pero es discutible si el mejor sistema es excluirse de un sistema que es utilizado por la UE y que ocasiona notables molestias a los minusválidos", afirman fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, responsable de la movilidad de discapacitados.

Tampoco el PSOE está muy de acuerdo con el Ayuntamiento. "Con su actitud, pone trabas a una tarjeta única que facilita a los discapacitados superar obstáculos", afirma la concejal socialista madrileña Carmen Sánchez Carazo.

Dos son las críticas que las asociaciones de minusválidos hacen a la decisión municipal. Una es que, al no ser iguales las tarjetas de Madrid y del resto de municipios, sus titulares quedan en una situación de "indefensión jurídica". "¿Quién nos dice que los policías municipales de Madrid aceptarán la tarjeta de Móstoles, por ejemplo? ¿Y al revés?", inquiera Moral.

La segunda crítica es la creación de una segunda tarjeta -hasta ahora era la misma- para los acompañantes de minusválidos que no pueden conducir. "Lo más absurdo es que se obliga al minusválido a poner el coche a su nombre para obtener la tarjeta de acompañante. ¡Aunque no puede conducir!", exclama Moral.

La tarjeta del acompañante sólo permite aparcar durante una hora en las zonas de parquímetros y de carga y descarga. Esta limitación es criticada incluso por la Consejería de Sanidad, cuya representante en el Consejo de Promoción de la Accesibilidad -organismo formado por las administraciones y los minusválidos- destacó en la última reunión del consejo "los perjuicios que sufren las personas que acompañan a sus familiares con movilidad reducida a los centros sanitarios".