Valor y precio
Escribe Juan de Mairena que sólo un necio confunde valor y precio. Ahora andamos con el precio político a pagar por el desistimiento de la violencia etarra. O mejor dando vueltas a la condición previa de que no se pague precio político alguno por la disolución de la banda. Reiteran los del PP hasta la saciedad que ésa es una de sus líneas rojas infranqueables. Pero resulta que ese enunciado ya figuraba de modo literal en el texto de la resolución aprobada tras el último debate del estado de la nación en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 17 de mayo, que suscribieron todos los grupos políticos de la Cámara a excepción del PP.
Decía el punto segundo de la mencionada resolución que el Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. Que a ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Que ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y también de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso. Que, por eso, convencidos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, los abajo firmantes respetarían en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deberían resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular, porque "la violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia".
Se trata, pues, de una cláusula de estilo repetida, de modo invariable, en todos los pactos de Ajuria Enea, de Madrid, de Pamplona, y también en el último que por iniciativa del PSOE firmaron Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero, el 8 de diciembre de 2000, durante el Gobierno de Aznar, bajo el título de "por las libertades y contra el terrorismo". Es un texto coincidente con la declaración formulada por Aznar el 2 de octubre de 1998 en la que afirmaba que "la paz no puede estar sujeta a contrapartidas políticas", aunque reconocía que "cabían los acercamientos de presos, la concesión de beneficios penitenciarios o incluso la aplicación masiva y generosa de la figura del indulto". En esa línea, el Parlamento llegaría a pedir el 10 de noviembre por unanimidad la flexibilización de la política penitenciaria. Pero también, entonces, se descartaba que "las reivindicaciones soberanistas de los partidos de Estella se convirtieran en moneda de trueque para la no reanudación de los atentados".
Recordemos que el 27 de octubre de aquel 1998 Aznar hizo el lacónico anuncio de que había autorizado a sus colaboradores "a iniciar contactos con el MLNV" a fin de acreditar que la voluntad de ETA era la de abandonar las armas. El lenguaje era inaudito, como subraya jotapedro, porque MLNV quería decir Movimiento de Liberación Nacional Vasco y nunca un jefe de Gobierno español había llegado hasta el extremo de reconocer al entorno político de ETA con su propia autodenominación, en aras de obtener la paz. Entonces nuestro colega decía sentirse "orgulloso de la audacia política de Aznar" y, tanto en público como en privado, no dejaba de animarle a seguir protagonizando lo que, en términos churchilianos, definía como "su mejor hora".
Pero sucede que ninguna de estas declaraciones, anuncios o pactos se hizo en esas ocasiones anteriores ante el pleno del Parlamento. Mientras que ahora el presidente Rodríguez Zapatero ha impulsado la resolución mencionada para que fuera aprobada allí, como más arriba se ha dicho, el pasado 17 de mayo y, además, se ha comprometido, como figura en el Diario de Sesiones del 11 de mayo de 2005, a que "si se diera el caso
[del abandono de la violencia por parte de ETA] acudiría ante la Cámara para explicar los pasos a dar y para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos al logro de la gran aspiración de poner fin al terrorismo en España".
En esa misma intervención había advertido que nadie debía hacerse ilusiones porque la historia de la banda no lo permitía. Había insistido en su obligación de trabajar por la esperanza. Había asegurado que el fin de la violencia no tenía precio político, aunque aceptaba que la política podía contribuir al fin de la violencia. En unas horas, cuando Rajoy salga de Moncloa, veremos si se cumple esa condición imprescindible que figura escrita en la resolución tantas veces citada: la unidad democrática de los partidos y la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista. Atentos.
