Los políticos bolivianos se enfrentan en Repsol

Repsol no va a tirar la toalla en Bolivia, pero tampoco va a invertir o a negociar con el Gobierno de Morales bajo la amenaza que pesa sobre dos de sus ejecutivos, retenidos por presunto delito de contrabando. Sus esfuerzos por transmitir al equipo de gobierno su disposición a negociar, en el sentido que desee, un nuevo marco contractual para desarrollar su actividad empresarial, y su compromiso de seguir invirtiendo en el país, están siendo respondidos con una batería de acusaciones.

Repsol, que ha invertido 1.000 millones de euros en Bolivia y ha repatriado 30 millones, está acusada de un presunto delito de contrabando en una exportación de crudo por valor de 9,2 millones de dólares. "Además de que es una mera infracción administrativa y no hay delito posible, la cifra del fraude atribuido es ridícula", aseguran en la petrolera. En el sector se atribuye la hostilidad hacia Repsol y hacia otras petroleras a pugnas internas por el liderazgo en la coalición de Gobierno y a intereses contrapuestos sobre la futura regulación de la actividad de hidrocarburos en el país andino.