"Vamos a informatizar las aulas"

El consejero Carles Solà ultima el plan de inversiones de las universidades para los próximos seis años y anuncia que recibirán unos recursos que superarán a los actuales en torno al 20%. El énfasis se pondrá en las tecnologías de la información para informatizar las aulas y crear campus inalámbricos. Solà destaca que el gasto por estudiante es de 6.500 euros, por encima del objetivo de 5.000 euros marcado en el Pacto del Tinell, que alumbró al actual Gobierno tripartito.

Pregunta. Las carreras serán más largas con el nuevo sistema europeo: grado, posgrado y doctorado. ¿Más largas equivale a mejor preparación?

Respuesta. El futuro sistema europeo no es más largo. Lo que ocurre es que en España se está haciendo un desarrollo caótico y desconcertante por los cambios de criterio del Ministerio de Educación. Lo que hay sobre la mesa es una propuesta que podría alargar las carreras. Pero esa no es la tónica general en Europa.

"Soy partidario de que el profesorado tenga un tiempo para acreditar el nivel de catalán"

"Habrá más becas, pero primero nos han de dar el dinero como dice el Constitucional"

P. Un ingeniero o arquitecto técnico estudiará tres años, y luego hará una exposición, prueba práctica o proyecto fin de carrera.

R. Eso no es ninguna novedad. En las ingenierías, en arquitectura, en física, en química el proyecto fin de carrera es habitual.

P. Pero en humanidades, no, por ejemplo.

R. Ya estaba la tesina.

P. Pero no era obligatoria.

R. No, pero insisto en que no es ninguna novedad en muchos ámbitos. Ahora ¿nos quieren decir que teemos que esperar a terminar años de formación básica para hacer un trabajo práctico? Yo estudié química. Y la química es una combinación de teoría y de laboratorio. No se entendería que un estudiante de química no estuviese practicando en el laboratorio las enseñanzas teóricas. Por tanto, no es necesario ordenarlo. Ya lo están haciendo las propias universidades.

P. ¿La Universidad no debería preocuparse más por la calidad? Profesores que no van a clase, que a veces se sustituyen por doctorandos, horarios que parecen más hechos para el profesor que para el alumno.

R. Esta descripción es injusta, pero hay elementos estructurales que facilitan lo que acaba de decir. Efectivamente, que los planes de estudio los haga el profesorado sin mirar en ningún otro sitio y el hecho de que un sistema funcionarial de vínculo laboral dé un blindaje prácticamente absoluto facilita que algunos se puedan aprovechar. Pero estos males no son de la Universidad española o catalana. Los objetivos europeos son precisamente colocar al estudiante en el centro del proceso. Por tanto, es él quien, al concluir cada etapa de estudio, deberá conocer unas cosas y saber hacer otras. Por otro lado, la Universidad y los profesores han ido aceptando un cierto control de calidad.

P. Pero no cree que falta carrera académica. Un catedrático gana la plaza y no tiene más carrera.

R. En Cataluña tenemos dos índices de productividad en la Universidad: un complemento que prima la investigación, cada seis años, que se ha convertido en una cuestión de prestigio, y otro docente, cada cinco. El de docencia, en la mayor parte de las universidades, ha sido equiparado a un aumento de salario como una especie de quinquenio de antigüedad. Pero en Cataluña, el quinquenio se evalúa.

P. Hablemos de los estudiantes. ¿Qué necesitarán ? ¿Más becas, créditos?

R. Tendrán más becas. Pero primero nos han de dar el dinero que nos corresponde y cumplir la sentencia del Constitucional, que dice que las becas han de estar territorializadas y asumir su gestión las comunidades autónomas. Por tanto, una vez transferidas nosotros aportaremos más dinero.

P. A cuánto ascenderá el plan de inversiones 2007-2012 para las universidades. Algunos rectores prevén un alza entre el 15% y el 20% sobre los 400 millones de euros actuales.

R. Sí, será de ese orden. Intentaré obtener el máximo posible. En este aspecto, cuento con una buena complicidad del consejero de Economía [Antoni Castells], que coincide conmigo en la importancia de la educación universitaria. Lo que habrá es un cambio importante de énfasis.

P. ¿Qué quiere decir?

R. Que destinaremos más fondos a las tecnologías de la información. Esta partida [ahora de 14,2 millones de euros] tendrá un fuerte aumento en el plan y crecerá entre cinco y diez veces.

P. ¿Cómo se visualizará? ¿Con las aulas informatizadas?

R. Se verá en cosas como cableado de alta capacidad, como mínimo redes de 100 megabits y la informatización de las aulas, y habrá campus inalámbricos en todas las universidades para, por ejemplo, conectarse al Consorcio de Bibliotecas Universitarias o leer un artículo de la hemeroteca.

P. ¿Cómo está el decreto que pretende exigir a los profesores que sepan catalán?

R. Está en la comisión jurídica asesora, que es independiente del Gobierno.

P. ¿Se podría aprobar antes de reformar las leyes de universidades española y catalana?

R. La LOU [Ley Orgánica de Universidades en fase de reforma] no cambia prácticamente nada. Hemos hecho el trabajo que nos encargó el Parlament: preparar un decreto que desarrolle un artículo de la ley catalana de universidades sobre el uso del catalán.

P. ¿Cuándo calcula que se aprobará?

R. No puedo hacer previsiones. No depende de mi departamento, sino de la comisión jurídica asesora y no le podemos marcar plazos. Pero es cierto que hay elementos exteriores que pueden determinar el entorno.

P. ¿Por ejemplo?

R. Por ejemplo, si se aprueba la redacción actual del Estatuto, que dice que conocer el catalán es un derecho y un deber. Eso crea un marco diferente del Estatuto actual, que habla del derecho pero no del deber.

P. A los funcionarios actuales la norma sobre el catalán no les afectará al no ser retroactiva, Pero ¿por qué no se da un periodo transitorio para que se adapten quienes vengan a las universidades catalanas?

R. Sí se da. El borrador distingue entre el profesorado contratado y el funcionario. Para el contratado se dice que debe conocer suficientemente el catalán en el momento de su contratación. Si no lo conoce, se le da hasta un año para poderlo hacer. En el caso de los funcionarios, el problema está en que su prueba ya es definitiva. O le pides el conocimiento en el momento del acceso o luego se convierte en voluntario. Creo que este un elemento que hace razonable esperar, igual que en el caso de los magistrados, los jueces o la Administración local es la ley estatal la que puede dar el marco, y esa es la discusión que creo que hay en el seno de la comisión jurídica asesora. Soy partidario de que el profesorado funcionario también tenga un periodo de tiempo para acreditar el nivel

de catalán.