Informar de menores

El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha abordado por primera vez, en una circular dirigida a todos los fiscales, el espinoso asunto de la información sobre menores, marcando unas pautas a seguir que hagan compatible, de acuerdo con una interpretación razonable de la legislación vigente, la exigible defensa y protección del menor -en especial su imagen e identidad- con el derecho de información. Esas pautas eran necesarias, dada la ambigüedad al respecto de la vigente Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, interpretada en la práctica de manera harto restrictiva para los medios de comunicación.

Quizás, el ámbito más necesitado de clarificación, por ser el más inseguro y abierto jurídicamente, sea el relativo a la difusión de imágenes del mundo infantil y de menores en lugares públicos sin connotación negativa alguna. A partir de ahora, y según la circular del fiscal del Estado, el ministerio público dejará de actuar de oficio, o en apoyo de las demandas de padres o tutores en supuestos de publicación de imágenes o informaciones relativas al mundo infantil -inauguraciones del curso escolar, estrenos de películas para niños, cabalgatas de Reyes...-, y no se considerará de manera general antijurídica la difusión de imágenes de menores en lugares públicos, siempre que aparezcan de manera casual o accesoria a la información principal. Era una clarificación que se echaba en falta y que aporta seguridad jurídica a la amplia actividad informativa que se desarrolla en ese campo.

La Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 sirvió para poner fin al uso abusivo de la imagen de los menores, un problema que había adquirido tintes alarmantes en los años precedentes con la aparición de la televisión privada. Pero tendió a considerar como una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor la publicación de su imagen, cualquiera que fuese la circunstancia en que fue tomada. La ley se convirtió en este punto en una especie de espada de Damocles sobre fotógrafos de prensa y medios de comunicación en general, siempre temerosos de publicar alguna imagen que les acarreara problemas. De ahí su reiterada petición de que el ministerio fiscal se abstuviera de actuar de oficio o de apoyar demandas de padres y tutores en esos casos. Una petición que ha sido atendida.