Verificación con calma

El segundo comunicado en 24 horas de ETA sobre su alto el fuego, en vigor desde las doce de la noche de hoy, es casi idéntico, con ligerísimas variaciones, al conocido la víspera. Es un misterio la razón de ser de este segundo escrito: no incluye los habituales despliegues de autoafirmación triunfalista, y tampoco aclara las dudas que dejó abiertas el comunicado del día anterior. En particular, si el "alto el fuego" -o "cese permanente de acciones armadas", en la versión en lengua francesa- incluye la renuncia a la extorsión y a la violencia callejera.

En el comunicado que anunciaba el alto el fuego de 1998 se exceptuaban las acciones "habituales de suministro", eufemismo que todo el mundo interpretó como referencia al chantaje mafioso. Por otra parte, hubo un recrudecimiento de la kale borroka. De acuerdo con la resolución del Congreso, el periodo de verificación de la "clara voluntad de poner fin a la violencia" que ahora se inicia debería comenzar por acreditar la renuncia definitiva a tales prácticas.

Una segunda verificación tiene que ver con su carácter irreversible: sin esa garantía no es posible el diálogo con ETA. En sus dos comunicados, ETA mantiene la ambigüedad sobre si su renuncia a las armas es definitiva o condicionada a determinados resultados políticos. Para deslegitimar esa pretensión será decisiva la actitud de los partidos nacionalistas, que al firmar la resolución del Congreso se comprometieron a oponerse a pagar un precio político por dejar de matar. Ése ha sido el mensaje de Imaz, y es de esperar que lo sea del resto de los dirigentes de PNV, EA y Aralar.

En todo proceso de este tipo existen sobrentendidos y también zonas de ambigüedad. La televisión vasca informó ayer de la existencia de contactos entre ETA y el Gobierno preparatorios de la declaración de alto el fuego. Por lo que conocemos de procesos de pacificación en otros países -léase Irlanda-, siempre han sido necesarios contactos previos para crear las condiciones de un diálogo posterior. Este tipo de mediaciones no tendrían por qué entrar en contradicción con el compromiso de fondo de supeditar cualquier negociación futura al compromiso previo, verificable e inequívoco, de cese de la violencia y de no pagar un precio político. El conocimiento de esos contactos por una vía indirecta indica que la necesidad de asociar al primer partido de la oposición al proceso abierto con la declaración del Congreso no era una simple cláusula de estilo, sino una garantía contra hipotéticos descarrilamientos o cambios de mayorías parlamentarias en Madrid.