La Ley del Menor llega al Congreso entre críticas por su dureza

El Grupo de IU-ICV rompió ayer por un rato su idilio con el PSOE y mantuvo la primera enmienda a la totalidad de la legislatura a una reforma socialista, la nueva Ley del Menor. Esta iniciativa fue derrotada y la ley, presentada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, comenzó así su andadura parlamentaria. El Gobierno ofreció la posibilidad de reformar algunos aspectos polémicos y consiguió así convencer al PNV, EA y la Chunta Aragonesista para que retiraran sus enmiendas a la totalidad.

La diputada de IU-ICV Carme García criticó la ley por su dureza, ya que abre la puerta para que los jueces puedan enviar a prisión a algunos menores especialmente difíciles de reinsertar cuando cumplan 18 años y aún no haya finalizado su pena. El proyecto también plantea un endurecimiento de las penas por delitos graves y medidas específicas para combatir el creciente fenómeno de las bandas juveniles, entre ellas la más conocida la de los Latin Kings, y también contra el acoso escolar.

Carme García sostuvo que esta norma no parece la propuesta "de un Gobierno progresista" y por eso mantuvo la enmienda a la totalidad, después de explicar que el verdadero problema de la actual Ley del Menor no es que sea muy permisiva, sino que no se le ha dotado de fondos para que sea aplicada como corresponde. Y aun así, explicó, los resultados han sido positivos.

ERC, PNV y EA también criticaron la dureza de la ley y presentaron enmiendas para que la Audiencia Nacional deje de tener competencias en delitos de terrorismo ejercidos por menores. Margarita Uria, del PNV, citó al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien señaló que "este régimen tiene carácter coyuntural y por tanto de desaparecer". El PP, por el contrario, propone endurecer aún más la reforma.

El ministro sostuvo que esta ley no endurece la anterior, sólo aumenta las medidas a disposición del juez. Además, dijo que el encarcelamiento al cumplir 18 años será una medida excepcional. También destacó que se amplían las medidas cautelares y la prescripción de las faltas "para evitar la sensación de impunidad".