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Reportaje:El futuro de Euskadi

Lo que Aznar hizo por la tregua

En 14 meses se excarceló a 180 etarras, 135 fueron acercados a Euskadi, disminuyeron las detenciones y se invitó a volver a 304 prófugos

El PP llegó al poder con el funcionario de prisiones José Ortega Lara secuestrado por ETA desde el 17 de enero de 1996. Días después de que Jaime Mayor Oreja tomara posesión como ministro del Interior, el 6 de mayo de ese año, el hoy eurodiputado popular lanzó el siguiente mensaje, ante la posibilidad de que la banda asesinara a su cautivo: "Los miembros de ETA, en el supuesto de que en un momento determinado decidieran una actuación, que ojalá no se produzca, lo tienen más complicado en el sentido de que no pueden justificar que aquí se ha producido una cerrazón y una intransigencia por parte de Interior".

Se refería Mayor Oreja a la decisión del Gobierno popular de acercar a algunos presos etarras a cárceles del País Vasco. En pleno secuestro de Ortega Lara, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias realizó un análisis individualizado de los 150 presos de ETA en segundo grado. La decisión del acercamiento de 32 de ellos después de que ETA dictase una tregua de siete días (del 24 de junio al 1 de julio de 1996). Pero el presidente José María Aznar rechazó la relación entre ambos hechos: "El acercamiento puntual que se ha producido nada tiene que ver con la tregua de ETA. Ésta era una decisión tomada con anterioridad por el Ejecutivo".

El secretario de Estado de Seguridad dijo en 1997: "No podrá haber nunca vencedores ni vencidos"

A los cinco meses del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Interior anunció un nuevo acercamiento de presos

El Ejecutivo anunció que las decisiones que se adoptasen respecto al acercamiento de presos se harían "de acuerdo con la legalidad" e intentando el "máximo consenso entre los partidos políticos, especialmente con el PNV". Durante la tregua de ETA de los años 1998 y 1999, el PP fue favorable al diálogo con la banda, ralentizó las operaciones antiterroristas, invitó a 304 etarras huidos de la justicia a volver a España para no ser juzgados y, además, excarceló a 180 etarras y acercó a otros 135 a prisiones del País Vasco o próximas. Las medidas y las declaraciones más importantes de los dirigentes del PP durante esa época evidencian la postura del anterior Gobierno.

- "La Guardia Civil no se opone a un final dialogado". El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, declaraba por aquellos días que el instituto armado no se oponía al diálogo con ETA. "No sé si en la Guardia Civil hay gente que se opone a un final dialogado, pero la Guardia Civil no se opone a nada". Según declaró López Valdivielso, al terrorismo "hay que combatirlo, neutralizarlo y aniquilarlo, pero hay distintas salidas, distintos métodos, distintas políticas a aplicar para llegar a ese mismo resultado". El PSOE, en la oposición, apoyó el acercamiento de presos. Las principales fuerzas parlamentarias, también. El ex vicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra calificó de "correcta" la iniciativa del PP.

- Traslado de reclusos de ETA. En febrero de 1997, el Ministerio del Interior decidió el traslado a la prisión de Nanclares de Oca (Álava) y Burgos de cinco reclusos de la organización terrorista ETA, debido "exclusivamente a la evolución positiva" que se aprecia en su actitud. Según Interior, no se trataba de un plan global, sino basado en "el principio de la individualización". Dos meses después, el PP se reunía con el resto de partidos en torno al Pacto de Ajuria Enea y reafirmaba la posibilidad de abrir un diálogo con ETA si dejaba las armas. Un día después de aquel pronunciamiento, la banda contestaba asesinando a un inspector de policía en Bilbao de un tiro en la cabeza. Los traslados de presos y las excarcelaciones se convirtieron en corrientes durante la tregua.

- Secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El 12 de julio de 1997, ETA secuestró al concejal del PP Miguel Ángel Blanco y amenazó con asesinarlo en 48 horas -cosa que hizo finalmente- si no se acercaba a los presos de la banda a las cárceles del País Vasco. El Gobierno, que sólo 11 días antes se había mostrado alborozado por la liberación por parte de la Guardia Civil de Ortega Lara, no cedió. Sólo cinco meses después de uno de los crímenes de ETA que más conmocionaron a España, Mayor Oreja anunció nuevos acercamientos de presos etarras a la Península. "Lo haremos lo más rápido que podamos, en fechas inmediatas, porque hay un compromiso de política penitenciaria más activa y lo vamos a hacer", declaró. Esa política "más activa" se desarrollaría, según Mayor, aunque hubiera atentados de ETA.

- Mayor Oreja: "Habrá final dialogado cuando bajen las pistolas". Unos meses después, Mayor Oreja declaró su deseo de que "pudiera haber" un final dialogado del terrorismo: "Habrá un final dialogado cuando se produzcan las condiciones para dialogar. Y ojalá se produzcan esas condiciones. Pero eso implicaría la inequívoca voluntad de bajar las pistolas".

- Secretario de Estado de Seguridad: "El proceso y el procedimiento serán largos. No podrá haber nunca ni vencedores ni vencidos". Esta frase la pronunció Ricardo Martí Fluxá el 27 de noviembre de 1997, casi un año antes de que ETA dejara de matar. Y añadió: "La palabra rendición total es profundamente ajena a lo que puede suponer la posición del Gobierno en torno a ETA".

- Resolución por unanimidad en el Congreso a favor de flexibilizar la política penitenciaria. Dos meses después de la tregua. En noviembre de 1998, con la tregua de ETA declarada desde el 18 de septiembre, el Congreso aprobó por unanimidad una moción para flexibilizar la política penitenciaria. "El Congreso insta al Gobierno a que, mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas, desarrolle una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia". El resultado de esta política fue que 180 presos de ETA fueron excarcelados y otros 135 fueron acercados al País Vasco. De hecho, 85 fueron internados en prisiones de Euskadi. El último traslado, de 105 presos, incluyó, entre otros, el de Juan José Rego y su hijo Ignacio Rego, ambos detenidos por intentar asesinar al Rey en agosto de 1995. También se benefició de los traslados Fermín Urdiain, condenado a 795 años por ocho asesinatos. De esta forma, la población penal etarra se redujo durante el alto el fuego de 535 a 405 presos, ya que también ingresaron en esa época 50 etarras.

- La Fiscalía, a favor del acercamiento de presos. Jesús Santos, teniente fiscal de la Audiencia Nacional entonces, se mostró en aquellos días favorable al acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, aunque eso, aclaró, no tendría que suponer su "concentración" en Euskadi. El número dos de la Fiscalía, con Eduardo Fungairiño al mando, se refirió a instrumentos como la figura del arrepentimiento y los indultos, que podían facilitar la reinserción de los terroristas.

- Disminuyen las detenciones en España y Francia. Los primeros meses desde la declaración de tregua casi pasaron en blanco para las fuerzas de seguridad. Desde el 17 de septiembre de 1998 hasta el 9 de marzo siguiente no hubo ni un arresto ni en Francia ni en España. De hecho, en España sólo fueron detenidos 31 presuntos miembros de la banda durante 1999 y 39 en Francia, frente a los 122 en España y 39 en Francia arrestados el año anterior. Sin embargo, la actividad operativa de la banda seguía. El 23 de abril de 1999, un mes antes de la primera reunión entre ETA y el Gobierno en Suiza, Mayor Oreja confirmó que Jacobo Fitz-James Stuart, conde de Siruela e hijo de la duquesa de Alba, había sido seguido por los terroristas una vez comenzada la tregua. Además, el Gobierno envió a emisarios por todo el mundo para invitar a 304 huidos por su relación con ETA a volver a España sin miedo a ser juzgados o procesados, según admitió más tarde el propio Mayor Oreja.

- El Gobierno aprueba que el Estado pague los miles de millones que los etarras deben a sus víctimas. El Gobierno aceptó en noviembre de 1998 que fuese la Administración central la que asumiese las indemnizaciones que los jueces fijaron en sus sentencias como compensación civil subsidiaria del agresor con respecto a sus víctimas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo calculó en 60.000 millones de pesetas la deuda pendiente.

- El manifiesto de las víctimas. A finales de noviembre, 220 familiares de víctimas del terrorismo firmaron un manifiesto en el que pedía que se les tuviera en cuenta en el proceso de paz, planteaba que era imposible "reconciliarse con quien no pide perdón" y planteaban en el último párrafo de su comunicado las siguientes condiciones: "Sin el abandono definitivo de la violencia y el terrorismo, sin reconocimiento del daño causado y sin atención a las víctimas, es imposible la reconciliación". Ana María Vidal Abarca declaró entonces: "Sabemos que quienes han destrozado nuestras vidas saldrán pronto a la calle, tan campantes, y que no van a pagar ni cárcel ni dinero. Lo aceptamos porque no queremos ser un obstáculo para la paz, y no hay más remedio. Pero que no nos exijan lavar la conciencia de nadie. Seguimos reivindicando nuestro derecho a la justicia y, ya que no lo vamos a obtener, al menos el derecho a quejarnos".

- Aznar y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Noviembre de 1998. El Gobierno de Aznar apoya los contactos con ETA y pronuncia una frase: "Esta decisión obedece a la percepción de los cambios registrados en el entorno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), que se han traducido en intentos de aproximación a los que el Gobierno quiere ahora responder". El diálogo se produce en Zurich sin resultados. En septiembre de 1999, Mayor Oreja habla por primera vez de "tregua-trampa". El 28 de noviembre, la banda anunció el final del alto el fuego.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de marzo de 2006