El Congreso da vía libre a la ampliación de funciones de la CNE con la oposición del PP

El Congreso convalidó ayer, con los únicos votos en contra del PP, los dos reales decretos aprobados el 24 de febrero para ampliar las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y reformar el funcionamiento del mercado eléctrico. En el transcurso del debate, que tuvo momentos broncos, el portavoz de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, anunció que su partido interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que afecta a la CNE. El ministro de Industria, José Montilla, explicó que el Gobierno informará en breve a la Comisión Europea.

Al término del debate, que se prolongó durante tres horas, Montilla destacó el amplio respaldo obtenido por el Gobierno y expuso algunos de los resultados logrados ya por las medidas aprobadas el 24 de febrero y convalidadas ayer. Entre ellos, mencionó el descenso del 25% de los precios en el mercado mayorista eléctrico (allí donde se casa la oferta y la demanda de electricidad). Con ironía, expuso que tal oscilación no tiene relación con la evolución de los precios de las materias primas, como han mantenido las compañías del sector.

Pero el asunto central del debate fue el Real Decreto 4/2006, que amplía las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de tal forma que el órgano regulador podrá analizar y vetar cualquier operación que afecte a una compañía con actividades reguladas.

A partir de ahora, la CNE deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10% de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa".

Además, el organismo regulador podrá denegar la autorización o establecer condiciones si existen "riegos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "interés general". La CNE deberá velar especialmente por los activos considerados estratégicos, los que afectan a la seguridad del suministro.

El PP, según puso de manifiesto Arias Cañete, considera que la norma se ha aprobado para cerrar el paso a la oferta alemana de E.ON sobre Endesa. Por ello, aseguró el dirigente popular, el real decreto supone hacer "saltar por los aires el Estado de derecho". Todo ello, dijo, porque "el Gobierno está obsesionado con que culmine la compra, a bajo precio, de Endesa por Gas Natural". Las duras acusaciones de Arias Cañete responden, según aseguró Montilla, "a la absoluta mala fe" del principal partido de la oposición en este tema.

El titular de Industria aseguró que, tras la convalidación de las dos normas, el Gobierno procederá a informar sobre el contenido de las mismas de forma "casi inmediata" a la Comisión Europea. El plazo de 10 días que Bruselas había dado al Ejecutivo español para proporcionar información sobre los reales decretos finalizó el pasado viernes.

Crítica de Almunia

Sobre la ampliación de funciones de la CNE y la posición europea, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, explicó ayer, según Europa Press, que el decreto que faculta a la CNE para analizar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa podría ser discriminatorio y por tanto contrario a la legislación de la Unión Europea. "Se pueden alegar razones de seguridad nacional, pero no puede haber discriminación de empresas. Eso es sacrosanto", dijo Almunia en un encuentro con periodistas españoles en referencia al decreto.

Las reticencias de Bruselas ante la legislación española, a tenor de la votación registrada ayer en el Congreso, chocan frontalmente con la idea que, sobre el sector energético, sostienen todos los partidos (PSOE, IU, CiU, BNG o ERC), a excepción del PP.

En general, todos los grupos, excepto el PP, apoyaron ayer al Gobierno en sus decisiones por considerar que el sector energético es estratégico y tiene una dimensión más nacional que comunitaria. La prueba, en su opinión, está en las actuaciones de los gobiernos europeos en defensa de sus compañías nacionales.

Pese al apoyo obtenido en el Congreso, el Gobierno se prepara para una larga batalla en Bruselas a cuenta de los reales decretos aprobados en el mes de febrero.