Los docentes de Granada secundan el tercer paro en 15 días por la violencia en las aulas andaluzas

Más del 90% de los centros educativos no universitarios de Granada secundaron ayer, según los organizadores, un paro de 15 minutos convocado en protesta por la agresión sufrida el 9 de marzo por tres profesoras de un colegio de la capital por parte de la madre de un alumno. Éste es el tercer paro convocado por profesores andaluces en los últimos 15 días, tras los celebrados en Almería y Málaga. El responsable de CC OO en Granada para el profesorado no universitario, Diego Molina, señaló ayer que si la Consejería de Educación no crea una mesa sectorial para afrontar el problema de las agresiones a docentes, la próxima huelga podría tener carácter regional.

La Junta de Personal Docente de Granada, que reúne a todos los sindicatos, convoca un paro de 15 minutos después de cada caso de agresión a un profesor de la provincia. El último, y por el que, según CC OO, ayer interrumpieron su actividad "prácticamente el 100% de los profesores granadinos", ocurrió el pasado 9 de marzo en el colegio María Zambrano, en la zona norte de la capital. La supuesta agresora fue la madre de un alumno de cinco años, quien tras acudir al centro para intentar que los profesores le revelaran el nombre de otro niño que había pegado a su hijo, acabó agrediendo físicamente a tres maestras e insultando a una cuarta.

Ante las puertas de este centro se concentraron ayer a las 11.00 decenas de alumnos, docentes y representantes sindicales. La franja horaria de entre las 11.00 y las 12.00 fue la elegida en la mayoría de los colegios e institutos de la provincia para mostrar su protesta, aunque en algunos centros optaron por realizar las concentraciones a la entrada o la salida de clase.

José Antonio Mesa, quien asistió a la protesta del María Zambrano, aseguró que los profesores de este centro se sienten "impotentes y desmoralizados" porque "tras la agresión no se tomó ninguna medida" por parte de la Consejería de Educación. Diego Molina, responsable de CC OO para el profesorado de universitario, insistió en la necesidad de que la Junta cree una mesa sectorial "monográfica y urgente" en la que los sindicatos puedan plantear sus reivindicaciones. Entre ellas, que el gobierno andaluz "se solidarice" con los profesores, "que son los afectados". La solidaridad de la Junta, pasaría según Molina, porque se personase como acusación particular en las denuncias interpuestas por docentes que hayan sido agredidos en las aulas. "La Junta no se ha personado ni una sola vez y el denunciante se siente solo".

El sindicato pide además que no sean los profesores víctimas de estos actos los que tengan que dejar el colegio dándose de baja por depresión o pidiendo una comisión de servicio "porque ni aguantan la presión". "Pedimos que sea al alumno al que se cambie de centro para que el docente agredido no se tenga que ver todos los días con él". Asimismo, los convocantes del paro de ayer exigen medidas preventivas, como la reducción de las ratios de alumnos por clase o el desdoble en las aulas donde se detecten conflictos de convivencia y la contratación de profesorado de refuerzo y personal especializado en la resolución de conflictos.

En lo que va de curso, se han hecho públicos tres casos de violencia contra docentes de la provincia de Granada. En todos, los agresores han sido el padre (en los dos primeros casos, en las localidades de Benalúa y Pinos Puente) o la madre (en el ocurrido el pasado 9 de marzo en la capital) de alumnos que, supuestamente, habían tenido un problema con otro compañero o con un profesor. El aumento de la violencia en las aulas ya llevó el pasado 14 de junio a la convocatoria de una huelga general de profesores en la provincia. Según el responsable de CC OO para el profesorado no universitario, si la Junta no responde a corto plazo a la convocatoria de una mesa sectorial, el sindicato se planteará un paro general en toda Andalucía.

Aunque en la provincia de Granada se ha detectado un aumento de casos en los últimos cursos, los sindicatos alertan de que la violencia en las aulas es un problema que afecta a toda la comunidad. Hace una semana, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia) instó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que investigue las actuaciones que ha puesto en marcha Educación para abordar este problema.