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Los ayuntamientos tendrán un año para adaptarse al nuevo decreto turístico

La ley del Gobierno obliga a la paridad y permite a los ciudadanos participar en las normas

Los ayuntamientos que aspiren a la declaración de municipio turístico y que no cumplan las condiciones exigidas en el decreto aprobado ayer por el Gobierno andaluz tendrán un año para adaptarse a la nueva normativa. Con este nuevo decreto, que modifica uno aprobado en 2002, el Gobierno busca que esta declaración responda a criterios más objetivos y la "excelencia" turística. El Ejecutivo autonómico también aprobó ayer el proyecto de Ley del Gobierno, que regulará la paridad en el Consejo de Gobierno y permitirá a los ciudadanos participar en la elaboración de disposiciones a través de la red.

La principal novedad del nuevo decreto es la eliminación del criterio de segunda residencia para aspirar a la declaración de municipio turístico. Este criterio establecía que los municipios que contasen con un número de segundas residencias superior al de viviendas principales podía sumarse a esta declaración. Otra novedad es que sólo podrán acogerse al decreto los municipios que tengan más de 5.000 habitantes, mientras que el límite por arriba (100.000 habitantes) se mantiene.

De esta manera, los criterios que establece el decreto para poder aspirar a esta declaración son, básicamente, que el número de pernoctaciones hoteleras supere en un 10% la población total del municipio y que el número de visitantes tendrá que ser cinco veces superior al de los vecinos inscritos en el padrón al menos un mes al año.

El Gobierno andaluz entiende que estos criterios se adecuan mejor a la realidad de los municipios que deben ser declarados turísticos. Con el anterior decreto, cumplían los criterios más de 300 municipios. Con el nuevo, la Junta calcula que se reducirá a casi medio centenar.

Ayuda financiera

El decreto, que persigue dar ayuda financiera a los ayuntamientos por los servicios públicos que prestan debido al aumento de la población turística, introduce otros criterios que la Administración autonómica valorará para firmar convenios con los ayuntamientos. Así, la Junta primará a los municipios que cuenten con partidas dedicadas a promoción e infraestructuras turísticas, la existencia de oficinas de turismo, la restauración del patrimonio o que tengan ordenanzas en defensa del medio ambiente.

El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, destacó ayer, tras el Consejo de Gobierno, que los municipios que ya han empezado los trámites para la declaración y que no cumplan con los nuevos criterios tendrán un año para adaptarse al nuevo decreto. Los municipios que tengan el proceso en marcha y que cumplan con los nuevos requisitos no se verán afectados por el nuevo decreto.

En este último caso se encuentra el Ayuntamiento de Torremolinos, cuyo alcalde, Pedro Fernández Montes, dijo ayer que va a reclamar a la Junta 1.800.000 euros en concepto de "compensación por los perjuicios causados por no haber sido declarado antes municipio turístico". El cálculo de la reclamación se ha hecho en base al importe de los convenios que ha suscrito con la Junta el Ayuntamiento de Benalmádena, que sí fue declarado municipio turístico.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer el proyecto de Ley del Gobierno, que actualizará la norma que regula el Ejecutivo autonómico, que data de 1982. La principal novedad es que la norma obligará la formación paritaria -ningún sexo tendrá una representación inferior al 40%- del Consejo de Gobierno (el presidente de la Junta y los consejeros). El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, recordó que en el actual gobierno hay ocho consejeras y seis consejeros y que el objetivo es convertir "los hechos en ley". La ley de Administración, que será aprobada en los próximos meses, obligará también a la paridad en la designación de los altos cargos de la Administración autonómica (245 en la actualidad).

Esta ley también contempla la participación ciudadana en la elaboración de las disposiciones autonómicas por vía telemática. Zarrías subrayó que las nuevas tecnologías permiten acercar la "acción pública" a los ciudadanos. "La ley persigue más democracia, igualdad, cercanía y transparencia", señaló.

Entre otras novedades, la ley dará rango legal a la acción exterior del presidente autonómico; fomenta el lenguaje no sexista; atribuirá al Parlamento la declaración de incapacidad del presidente autonómico; introduce nuevos supuestos para el cese del Ejecutivo y contempla la posibilidad de celebrar el Consejo de Gobierno por medios telemáticos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de marzo de 2006