La edil Rosa Agüera pide cuatro años de prisión para el oficial de policía que elaboró el informe sobre su vida

La representación legal de la concejal del PP de Málaga Rosa Agüera ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para el oficial de la Policía Local Rafael Rubio que redactó el informe en el que se detallaban actividades privadas de la edil.

La acusación entiende que Rubio incurrió en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto y considera que "tanto el referido informe como su posterior difusión únicamente tenían por objetivo presionar políticamente a un cargo electo a fin de obtener su dimisión, utilizando para ello el atentado a su honor, su imagen y su prestigio personal y político". En el momento en que redactó el informe, el 17 de marzo de 2005, Rubio era jefe accidental de la unidad a la que están adscritos el servicio de escoltas. Poco después de conocerse el informe, el alcalde cesó a Agüera en su responsabilidad al frente del distrito centro.

El informe supuestamente se redactó para justificar la petición de cambio de destino del escolta de la concejal por estrés. Pero según la acusación, Rubio se "extralimitó" en estas pretensiones y en sus propias funciones con un informe que "detalla actividades de índole privada como las horas que la edil dedica a prácticas religiosas, compras, paseos o reuniones con su marido y amigos, que en esencia son realizados en base a apreciaciones y juicios de valor que exceden de cualquier cometido de vigilancia".

La acusación alega en su escrito que muchas de las afirmaciones contenidas en el informe son falsas y que su conocimiento "ha permitido el acceso público aspectos que afectan a la intimidad y seguridad no sólo de la señora concejal, sino de sus propios padres y de sus amigos, marido e hijos". Y entiende también que se han vulnerado derechos fundamentales de la edil y que los contenidos del informe, además de ser tendenciosos, implican "violación de la privacidad, de la libertad ideológica y religiosa de dicha persona".

La acusación, que se queja en su escrito de que en el transcurso de la investigación no se haya podido aclarar quien y con qué fines encargó el informe, pide que Rubio indemnice a Agüera con 12.000 euros.

El fiscal del caso no ha formulado acusación contra el autor del informe, y sólo lo ha hecho para el intendente mayor Juan Antonio Ferrer, a quien responsabiliza de haber filtrado el informe a la prensa, por lo que le solicita una pena de tres años de prisión por un presunto delito de revelación de secreto y que indemnice a Agüera con 6.000 euros.