Nueva farsa

Alexandr Lukashenko, el primer y único presidente de Bielorrusia desde la independencia en 1991, ha repetido por tercera vez la misma farsa: ser reelegido jefe de Estado de la ex república soviética en unos comicios que la OSCE (Organización de Seguridad y Cooperación en Europa) ha calificado de fraudulentos. El dictador logró el domingo amañar el voto mediante la intimidación a la disidencia y a la prensa, el anuncio de que la oposición preparaba un golpe y la autorización a votar por adelantado.

Los resultados oficiales son sonrojantes. Lukashenko ha obtenido el 82,6% de apoyo por sólo el 6% del líder de la oposición, Alexandr Milinkevich, quien ha acusado a su rival de conservar el poder de forma ilegal y ha pedido la repetición de los comicios. La oposición acudió por primera vez unida a las urnas y logró que el domingo por la noche y ayer miles de ciudadanos se congregaran en el centro de Minsk para denunciar el fraude. Es una señal importante de que tal vez no esté muy lejos el final de Lukashenko, que cuenta aún con el respaldo de Rusia. En 2004, la pantomima de referéndum que organizó para modificar la Constitución y poder aspirar a un tercer mandato sólo reunió a un puñado de gente.

Bielorrusia es la última dictadura de Europa. Lukashenko se ha convertido en un político odiado por su gente, que sufre las penurias de una economía en declive, con un Estado que controla el 80% de la propiedad y mantiene el aparato policial de la época soviética. Su autoritarismo está llegando a ser molesto para su mentor, Vladímir Putin. El proyecto de unión entre Bielorrusia y Rusia no cristaliza y el Kremlin comienza a sentir como muy generoso el acuerdo de suministro de gas a Minsk. Pero el líder ruso no desea que su socio estratégico siga la senda de Georgia, Ucrania, Kirguizistán y Azerbaiyán.

EE UU y la Unión Europea, al igual que la OTAN, con quien Minsk tiene un acuerdo de asociación, deberían jugar una baza más clara en favor de la democracia. Washington y Bruselas han rechazado la validez de las elecciones, pero no han precisado qué acciones van a tomar. Bruselas parece descartar sanciones económicas y se decanta por ampliar la prohibición que impuso en 2004 de conceder visados a cierto número de altos funcionarios. Resulta dudoso que eso baste.