_
_
_
_

Simancas exige al PP que dé luz verde a la comisión de investigación de la línea 9

El grupo socialista planteará 13 preguntas sobre el contrato de las obras del metro

Soledad Alcaide

"¿Qué razones llevaron al Gobierno de la Comunidad a ejecutar la ampliación de la línea 9 de metro mediante el régimen de concesión privada que [el ex director general de Infraestructuras] Manuel Melis describe como 'desastre extraordinario'?". Ésta es una de las 13 preguntas que el Grupo Parlamentario Socialista formulará a la comisión de investigación sobre la concesión de la ampliación del metro a Arganda, en caso de que hoy sea aceptada ésta por la Mesa de la Asamblea regional. El portavoz socialista, Rafael Simancas, exigió ayer al PP que no bloquee la comisión.

Más información
El PP de Madrid rechaza una comisión de investigación sobre la ampliación de la línea 9
El metro de Madrid contará con servicios mínimos del 50% durante los paros previstos para mañana

La Mesa de la Asamblea tendrá que decidir hoy, a tenor del artículo 75 de su reglamento, si acepta la apertura de una comisión de investigación sobre el contrato de adjudicación y explotación de las obras de ampliación de la línea 9 de metro, planteada por los dos grupos de la oposición, PSOE e IU. Esta petición se produjo después de que Manuel Melis, director general de Infraestructuras en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, desvelara en un informe una serie de irregularidades durante dichas obras. Melis, en un informe "confidencial" enviado hace dos meses al Ayuntamiento de Málaga para asesorarle sobre la construcción del metro en esta ciudad, llegaba a decir que los viajeros corrieron peligro en 1999 de ser electrocutados al caerse unas catenarias.

El Reglamento de la Asamblea contempla como requisitos para pedir una comisión que la propuesta haya sido planteada por dos quintos (45 diputados) de la Cámara -los representantes de IU y PSOE suman 54-, que el objeto de la investigación sea de "interés general" y de la competencia de la Comunidad.

Según la oposición, su petición cumple los tres requisitos, razón por la cual no han descartado acudir a los tribunales, si hoy la comisión es rechazada. El portavoz socialista, Rafael Simancas, se quejó: "No sabemos si la comisión se va a constituir, aunque el reglamento nos ampara, porque la decisión está al albur de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre".

Según Simancas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y Aguirre "están a las puertas de un nuevo enjuague: 'Yo te tapo las vergüenzas y tú me las tapas a mí", afirmó con retranca.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Las preguntas que formularán los socialistas si finalmente hay comisión son las siguientes:

- ¿Qué informes o qué razones llevaron al Gobierno regional a ejecutar la ampliación de la línea 9 de metro por el régimen de concesión privada que Melis describe como "desastre extraordinario"? ¿Quién adoptó la decisión?

- ¿Por qué la concesión "fue dirigida y negociada por una organización sin experiencia ferroviaria", según dice Melis? ¿Lideró la Dirección General de Carreteras la operación de ampliación de la línea 9? ¿Por qué, quién adoptó la decisión y con qué riesgos?

- ¿Qué prioridades se negociaron con la concesionaria para hacer la línea 9? ¿Fue impuesta como prioridad "que de ninguna forma y bajo ningún concepto se podía sobrepasar el presupuesto de la concesión ni el plazo, bajo gravísimas sanciones", como sostiene Melis? ¿Fue antepuesto el plazo, para culminar la obra, antes de las elecciones, sobre criterios de seguridad?

- ¿Qué tipo y número de controles hubo para verificar la calidad de la obra durante su desarrollo? ¿Por qué no se detectaron las deficiencias en traviesas, catenarias y subestaciones eléctricas que ahora denuncia Melis? ¿Por qué fallaron los controles? ¿De quién fue la responsabilidad? ¿Quién firmó el acta de recepción de la obra en buen estado?

- ¿En qué riesgos para la seguridad de trabajadores y usuarios se incurrió durante la realización de las obras y la precipitada puesta en marcha de la línea 9? ¿Qué hubiera ocurrido si, a las tres semanas de entrar en servicio la línea, la caída de la línea eléctrica se hubiera producido sobre un tren en marcha? ¿Hubieran acabado "todos los pasajeros electrocutados", como mantiene Melis?

- ¿Por qué se ignoraron las reiteradas denuncias de los sindicatos UGT y CC OO, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de Metro y en notas públicas, sobre las deficiencias y riesgos para trabajadores y usuarios?

- Si el 10 de mayo de 1999 el director gerente de Metro, Jesús Valverde, dijo que las obras habían pasado "un control riguroso y exhaustivo", y ahora Melis, que era el presidente de Metro, habla de "desastre extraordinario" y de posibles "electrocutados", ¿quién dice la verdad?

- ¿Qué sobrecoste ha asumido la Comunidad al decidir su Gobierno la ampliación de la línea 9 mediante la concesión directa? ¿Cuál será el coste final de la concesión para el erario público? ¿Cuál hubiera sido el coste si se hubiera optado por el método tradicional de construcción y explotación directa?

- ¿Por qué asumió el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pago de numerosos "extras" en la construcción y puesta en marcha de la ampliación de la línea 9 (11.000 metros cuadrados de naves en Vicálvaro para la concesionaria; rescate de la concesión del tren minero que existía con anterioridad; soterramiento imprevisto de la vía en Rivas...)? ¿Quién adoptó la decisión?

- ¿Cuál fue el coste de las reparaciones realizadas en la obra tras su puesta en marcha? ¿Quién decidió que las hicieran los propios trabajadores públicos? ¿Por qué no se reclamó el pago de estas reparaciones a la concesionaria? ¿Quién adoptó estas decisiones y con qué responsabilidad?

- ¿Por qué se autorizó un régimen de explotación de la ampliación de la línea 9 con significativas discriminaciones en la calidad del servicio para sus usuarios respecto a los demás usuarios de Metro (horarios restringidos; menor frecuencia de paso de los trenes; tarifas más caras)?

- ¿Resulta prudente para el interés general utilizar la fórmula de la concesión privada en la ampliación de la red de infraestructuras públicas? ¿Qué garantías tiene para el erario público y qué condiciones de seguridad? ¿Qué recomendaciones de futuro caben tras el análisis de este caso?

- ¿Qué responsabilidades políticas, económicas y jurídicas deben depurarse por este "desastre extraordinario"? ¿Quiénes han de asumirlas?

Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_