Interior alerta del repunte de presos en los dos primeros meses de 2006

La población reclusa española sigue disparada. Desde el 1 de enero y hasta mediados de marzo ha aumentado en 700 personas, una cifra desproporcionada si se tiene en cuenta que en todo el 2005 el incremento total fue de unas 1.500 personas. Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, manifestó ayer en Barcelona que vivimos un "momento crítico del sistema penitenciario en España", y aseguró que la sobreocupación de las cárceles es "un problema extraordinario".

La última estadística oficial del Ministerio del Interior fechada el 10 de marzo indica que en las prisiones españolas, incluido el territorio de Cataluña, donde la competencia penitencia es de la Generalitat, había 62.077 personas, de las que 48.192 eran penados (77,6%) y 13.885, preventivos (22,4%). Los hombres eran 57.196 y las mujeres, 4.879.

Sin embargo, tomando en consideración el conjunto del año, la media de población reclusa es ahora de 61.598 presos, mientras que el año pasado finalizó con una media de 60.707 reclusos, unas cifras coincidentes con las expresadas ayer por Gallizo. Si se retrocede unos años más se comprende el espectacular aumento en el número de presos, ya que, por ejemplo, la media de presos al acabar el año 2003 era de 54.497 personas y un año antes, de 50.537 reclusos.

La directora general aludió a la paradoja de Aquiles y la tortuga para advertir de que, por muchos esfuerzos inversores que realice el Gobierno con la construcción de nuevas cárceles, si no se estabiliza la población reclusa, persistirá la masificación. "Esta es una carrera que no tiene fin. Si tardamos dos años en construir una cárcel para esponjar otra y en ese tiempo aumentan los presos en 1.000 o 1.500 en un año, no acabaremos nunca con el problema", dijo.

Por ese motivo, Mercedes Gallizo advirtió de que la masificación de las cárceles puede cuestionar la política de seguridad del Gobierno, que pasa por la prevención, el tratamiento penitenciario y la reinserción. "Si no es así, el tratamiento es inútil", dijo, y planteó la necesidad de que se impulsen las medidas penales alternativas a la prisión, para que se puedan cumplir las condenas fuera de los centros penitenciarios.

Gallizo realizó estas reflexiones en la presentación del Congreso Penitenciario Internacional, que se celebrará en Barcelona entre el 30 de marzo y el 1 de abril. El encuentro reunirá a 700 expertos de 25 países que debatirán sobre la función social de la política penitenciaria. Enlazando con este enunciado, el consejero de Justicia catalán, Josep Maria Vallès, censuró lo que definió como "decisiones populistas" de algunos jueces, en alusión a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre cómputo de penas en el caso del etarra Henri Parot. Para Vallès se trata de una sentencia "oportunista, de dudosa constitucionalidad e injustificada", realizada a partir de "una interpretación forzada de la ley".

Gallizo no quiso valorar esa sentencia al entender que su opinión era "irrelevante". Las estimaciones de Interior son que con la aplicación de la doctrina permanecerían en prisión el triple de presos comunes que el número de etarras que seguirán entre rejas.