Clos y Tura defienden las medidas policiales y Portabella las califica de insuficientes

Un total de 32 jóvenes de los 54 detenidos el pasado viernes por la noche tras el botellón pasaron ayer a disposición judicial. Otros siete de menos de 18 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Los restantes quedaron en libertad con cargos. Los vecinos criticaban ayer el despliegue policial y sugerían que quizá la tolerancia hubiera producido menos daños. La consejera de Interior, Montserrat Tura, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, defendieron las actuaciones policiales. En cambio, el teniente de alcalde Jordi Portabella (ERC) las calificó de insuficientes.

A las nueve de la mañana los detenidos fueron llevados al Juzgado número 2 de Barcelona. A los acusados se les imputan cargos por daños y por actuar contra los representantes del orden público. La policía acusa a otros, además, de incendio y resistencia a la autoridad. Las penas que se les podrían imponer van desde la sanción económica hasta los tres años de cárcel. La mayoría de los acusados son de nacionalidad española. La excepción son tres colombianos, tres peruanos, dos polacos, un italiano y un francés, todos ellos de edades comprendidas entre 18 y 26 años. Entre los detenidos había varios menores de edad, siete de los cuales pasaron ayer a disposición de la Fiscalía de Menores.

La consejera de Interior, Montserrat Tura, retó a los participantes en esta convocatoria a que "den la cara y se responsabilicen de lo que haya podido pasar". Según la consejera, se debería imputar a los responsables de los de los destrozos en el mobiliario urbano y en establecimientos comerciales, de modo que no sólo carguen con las sanciones pertinentes, sino que además deban abonar las reparaciones de lo destrozado. "Así", añadió, "se lo pensarían dos veces" antes de provocar daños. Tura felicitó a los Mossos por su actuación y pidió "confianza" a los damnificados.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, de viaje en Nueva York, criticó los acontecimientos y rechazó este tipo de concentraciones etílicas. Clos aseguró el Ayuntamiento impedirá que este tipo de comportamientos violentos "arraiguen" en la ciudad. Por este motivo, aseguró, el municipio se "personará como acusación particular", apoyando así a los comerciantes.

Clos se mostró preocupado por los destrozos, que evaluó en 60.000 euros sólo en mobiliario urbano, sin contar los desperfectos de empresas bancarias y telefónicas, y añadió que lo "más grave" es que la actitud de estos jóvenes muestra que se está "ante un fenómeno de agresión gratuita y absolutamente desmesurada, sin ningún tipo de sentido ni propósito".

El alcalde defendió la actuación policial, que, dijo, "fue la más prudente". Los agentes, sostuvo, "hicieron lo más oportuno sobre el terreno". Pero Clos reclamó que la valoración de la eficacia de los agentes no impida que se desvíe la mirada de lo que calificó como un "verdadero problema", que "un grupo de gente aproveche cualquier convocatoria" para provocar y "agredir de forma gratuita".

La réplica le vino del propio equipo de gobierno. El segundo teniente de alcalde, Jordi Portabella, sostuvo que el despliegue policial fue indecuado e insuficiente. De este modo se alineaba con algunos vecinos de Ciutat Vella que afirmaron ayer que la actuación policial fue inadecuada y sugirieron que la tolerancia con la convocatoria tal vez hubiera dado mejores resilultados.

El problema, entre otros, es que el acto quedaba expresamente prohibido en aplicación de la ordenanza sobre civismo, aprobada por el consistorio.