"Tienen que aflorar los ultras"

"Haremos todo para que afloren los ultras. No puede ser que sepamos que hay grupos que no están inscritos en ningún registro, que sepamos quiénes los forman y que generan un revuelo en los estadios". Jaime Lissavetzky, el secretario de Estado para el Deporte, no quiso ayer dar los nombres de esos grupos, pero sí se comprometió a acabar con ellos. Lo dejó claro en la presentación del anteproyecto de Ley contra el Racismo y la Violencia en el Deporte, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y a la espera ahora de ser tramitado en las Cortes.

"Tenemos que ser capaces de cercar a las hinchadas violentas", enfatizó Lissavetzky. Para ello los clubes tendrán que disponer de un libro de registro, con información sobre las peñas y las hinchadas y sobre sus actividades, que deberá estar a disposición de la autoridad gubernativa. Esta disposición será fundamental para controlar los brotes de violencia y racismo en los estadios. Grupos como los Ultras Sur, por ejemplo, que se niegan a organizarse como peña para no tener un responsable jurídico que responda de ellos ante el Ministerio del Interior, se verán ahora obligados a hacerlo y a figurar en estos registros. Lissavetzky se mostró tajante con este tema y aseguró que los ultras son "la causa de muchas conductas racistas y xenófobas".

El proyecto de ley contra la violencia prevé multas de hasta 90.000 euros

En el apartado sancionador se prevé también la pérdida de puntos y el descenso de categoría, se aumenta el tiempo de prohibición de acceso a los recintos deportivos -puede llegar hasta cinco años- y se incrementa la cuantía de las multas disciplinarias: hasta 90.000 euros a clubes, deportistas, árbitros y directivos. Hasta la fecha, la mayor sanción económica ha sido de 9.000 euros al Zaragoza y han sido frecuentes las de 600 euros. "No queremos arremeter contra los clubes, pero los organizadores tienen una responsabilidad", afirmó Lissavetzky, que afirmó que la Liga de Fútbol Profesional está "muy sensibilizada con estos temas".

Las medidas de prevención ante incidentes en los aledaños de los estadios y en el transporte de aficionados y el refuerzo del papel de la Comisión Antiviolencia son otras de las novedades del texto que pretende regularizar las hinchadas de los clubes.

El texto de la ley mantiene en la figura del árbitro la responsabilidad de suspender los partidos, pero, a diferencia de lo que recogía el protocolo contra el racismo, precisa con más claridad cómo debe hacerse. "El árbitro es el único que puede suspender un partido, pero sólo después de haber agotado todas las vías posibles", concretó Lissavetzky. Esas vías contemplan la suspensión provisional y el desalojo de las gradas donde se producen los brotes de violencia.

Lissavetzky valoró también el proyecto de Ley contra el Dopaje, que tiene como objetivos el juego limpio y la salud de los deportistas. "Da un mensaje claro de tolerancia cero contra el dopaje y me siento orgulloso de que se haya tratado el tema en el Consejo de Ministros", dijo el secretario de Estado para el Deporte. "Son dos leyes de calado y para España representan un paso importante hacia delante", concluyó.