Zapatero reclama al Constitucional que avale la competencia estatal sobre dos carreteras

El Consejo de Ministros que preside José Luis Rodríguez Zapatero decidió ayer plantear un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional sobre dos carreteras (la autopista de peaje radial 1 y el último tramo de la vía de circunvalación M-50) cuya construcción ya está tramitando la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo central solicitará al tribunal que suspenda las actuaciones del Gobierno que dirige Esperanza Aguirre, en el caso de que el órgano judicial admita a trámite la cuestión de competencia. La consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, responde que, mientras el Constitucional no le ordene la suspensión, seguirá adelante con la redacción de proyectos de ambas obras.

El Gobierno central considera que la Comunidad de Madrid ha sobrepasado "el ámbito competencial que le corresponde, vulnerando las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de carreteras", según la referencia del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ya requirió al equipo de Aguirre el pasado 20 de enero para que desistiera de hacer la radial 1 y el cierre por el norte de la M-50, por ser obras que no tiene atribuidas, y ahora concluye que Aguirre "no ha atendido el requerimiento de incompetencia".

Dos meses después de que la Consejería de Transportes e Infraestructuras publicara la convocatoria de los concursos de adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del anteproyecto de construcción y explotación de las obras de las dos infraestructuras, el Consejo de Ministros requirió de incompetencia a la Comunidad de Madrid.

En su acuerdo del pasado 20 de enero, justo cuando se le acababa el plazo para adoptar esa decisión, el Gobierno central consideró que el Ejecutivo madrileño vulneraba las competencias exclusivas que otorga al Estado el artículo 149.1 apartado 24 de la Constitución Española. En el catálogo de competencias estatales, este artículo incluye: "Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma".

Mientras el Gobierno central esperaba la contestación de la Comunidad de Madrid, solicitó un informe (preceptivo) al Consejo de Estado sobre la viabilidad jurídica de la cuestión de competencia. El dictamen 99/2006 de 15 de febrero consideró que existen "fundamentos jurídicos suficientes para mantener el requerimiento y plantear el conflicto".

La contestación de la Comunidad al requerimiento se produjo el pasado 23 de febrero. En este escrito, el Gobierno de Aguirre argumentó que las carreteras cuyo itinerario discurre íntegramente dentro de su territorio son de competencia regional y consideró que éste es el caso de la M-50 y la radial 1. Además, explicó que, para asumir la competencia, el Estado debería haber declarado expresamente el interés general de las carreteras.

La consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, justificó entonces el rechazo al requerimiento en que "no está acreditada la intención del Estado de ejecutar" las dos infraestructuras.

El acuerdo tomado ayer por el Consejo de Ministros se basa en que "subsisten los argumentos jurídicos que motivaron la formulación del requerimiento", según fuentes del Gobierno central. "Las competencias estatales atribuidas por la Constitución han sido asumidas injustificadamente por la Administración autonómica". Los servicios jurídicos del Estado tienen ahora de plazo hasta el próximo jueves para presentar el conflicto positivo de competencia. Ese día se cumple un mes desde que la Comunidad de Madrid rechazó el requerimiento.

Según el artículo 64 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este órgano judicial tiene un plazo de 10 días, desde que reciba la cuestión de competencia, para notificar al Gobierno regional que ha sido iniciado el conflicto y para solicitarle que aporte documentación y alegaciones.

Esta ley recoge también la potestad del Ejecutivo central para solicitar la suspensión del acto cuya titularidad reclama. En este caso, la posibilidad de convocar los concursos para los proyectos de las dos infraestructuras cuestionadas.

"Sorprendente"

La consejera de Transportes aseguró ayer, antes de conocer los detalles del conflicto positivo de competencia, que mientras el Tribunal Constitucional no ordene a la consejería "la suspensión o paralización de cualquiera de los procedimientos", continuará con ellos. "Cualquier suspensión en este momento afecta exclusivamente a los proyectos que están redactándose", agregó De Cospedal. "Sería una prohibición a la Comunidad de Madrid para que haga unos proyectos, lo cual me parece sorprendente", añadió.

De Cospedal también explicó que en la actualidad los proyectos de las carreteras M-50 y radial 1 están en fase de redacción. "Queda alrededor de un mes para la conclusión de su adjudicación", precisó.

También puntualizó la responsable madrileña que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está "trabajando intensamente" para tener lista la declaración de impacto ambiental necesaria para seguir adelante con el proyecto de la autopista radial de peaje R-1. "Estará en unos 10 o 15 días", añadió.