Simancas irá al Constitucional si el PP se niega a crear una comisión que estudie el informe

El Partido Socialista de Madrid (PSM) denunciará ante el Tribunal Constitucional al Gobierno de la Comunidad "si el próximo martes el PP no se aviene a constituir la comisión de investigación sobre las obras y explotación de la ampliación de la línea 9" tras tenerse conocimiento del informe de Manuel Melis. Lo anunció ayer el portavoz socialista en la Asamblea y secretario general del PSM, Rafael Simancas, quien se reunió en la estación de metro Puerta de Arganda con representantes sindicales.

Simancas denunció que en la Asamblea de Madrid "no se cumple el reglamento", y aseguró que los diputados regionales viven en una inseguridad jurídica "extraordinaria". Atribuyó esta "inseguridad" a la interpretación del reglamento por parte del PP que, a su juicio, es "arbitraria y sectaria" y "al margen de la letra y el espíritu de la norma". "Corremos serios riesgos de que la comisión finalmente no se constituya", auguró.

El PSM, dijo Simancas, invitará a participar en esa comisión a los sindicatos UGT y CC OO, que han hecho llegar al partido "algunas pruebas documentales incontestables" según las cuales el Gobierno regional del PP "ignoró manifestaciones sobre averías y mal funcionamiento de la línea 9, mintió y puso en riesgo la seguridad de los trabajadores y usuarios de la línea".

Entre otras pruebas, el dirigente de los socialistas madrileños aseguró disponer de "actas de las reuniones de la comisión de seguridad y salud de metro, notas informativas y cartas remitidas por los sindicatos a la dirección de la empresa".

El PSM pedirá el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades al entonces presidente de la Comunidad y hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, al ex consejero Antonio Beteta -hoy portavoz del PP en la Cámara regional- y al entonces director general de Infraestructuras, Manuel Melis.

Los representantes de UGT y CC OO en Metro, Fernando Andrés Chicharro y Daniel López, calificaron de "error" que se haya concedido a empresas privadas la construcción y explotación de líneas de metro.