La Fiscalía de Bolivia registra la sede de Repsol para detener a dos directivos

Tres fiscales y una veintena de policías entraron ayer en la sede de la compañía Andina, controlada por Repsol YPF, para detener a los directivos Julio Gavito y Pedro Sánchez. Ambos están acusados por la Aduana boliviana de un presunto delito de contrabando de crudo hacia Argentina y Chile por valor de 7,72 millones de euros. La acción ordenada por el juez Zenón Rodríguez no logró su objetivo porque los directivos no estaban en la sede. Repsol YPF reiteró ayer la inocencia de sus empleados y subrayó que el mismo juez había suspendido el proceso.

Las oficinas centrales de Repsol YPF y Andina en la ciudad de Santa Cruz vivieron ayer momentos de intensa agitación. Varios fiscales, acompañados por decenas de policías, entraron en las instalaciones de la empresa con la intención de detener a los máximos responsables de la compañía Andina, el español Julio Gavito, presidente, y el argentino Pedro Sánchez, director general.

El registro, ordenado por el mismo juez, Zenón Rodríguez, que según Repsol YPF había decidido archivar las actuaciones por supuesto contrabando de crudo, no dio resultados. Ni Gavito ni Sánchez se encontraban en la sede en el momento en que irrumpió la policía. Así lo confirmó el cónsul español José Fernández Norte y ejecutivos de la empresa.

Según fuentes cercanas a la compañía, la decisión del juez no se había comunicado ni al Gobierno ni a la empresa. Varios ministros y el vicepresidente se enteraron posteriomente por la propia empresa. Algunas fuentes señalan también que la decisión responde a presiones políticas para romper el clima de entendimiento entre el presidente del Gobierno Evo Morales y el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, tras la visita de este último a La Paz.

La Aduana de Bolivia inició acciones judiciales contra Andina por un supuesto delito de contrabando de carburantes hacia Chile y Argentina, valorado en más de siete millones de euros. A finales de febrero, un fiscal de Santa Cruz emitió un mandamiento de apremio contra los ejecutivos de Repsol YPF. La orden no se cumplió debido a que ambos se encontraban en España coordinando la llegada a Bolivia del presidente de Repsol YPF.

Ayer, la situación se repitió. Orden de arresto y allanamiento de la sede de la empresa. Según fuentes cercanas al caso, el juez encargado de la causa, Zenón Rodríguez, había convocado para tomar declaraciones a los ejecutivos de Repsol YPF este jueves.

No obstante, los abogados de la petrolera presentaron a primera hora una recusación contra el juez. Esa recusación hubiera debido ser contestada en un plazo de tres días. Durante ese tiempo, la autoridad judicial habría quedado inhabilitada en el caso. Sin embargo, a pesar de las acciones interpuestas, el juez emitió la orden de allanamiento de la sede de Andina y de arresto de los ejecutivos de Repsol.

La acción judicial fue inesperada. Más por cuanto Brufau aseguró el 3 de marzo, al término de su entrevista con el jefe del Gobierno, Evo Morales, su plena confianza en la justicia imparcial y afirmó que no se había cometido dolo ni se habían eludido los pagos obligados de impuestos. No obstante, Brufau se curó en salud y afirmó que "si administrativamente hubiésemos cometido un error, vamos a pagar".

Ayer, Repsol YPF hizo público un comunicado en el que reitera la convicción de que sus directivos son inocentes de los cargos que se les imputan. "En consonancia con el clima de diálogo sincero y constructivo que rodeó la reciente reunión entre el presidente de ese país, Evo Morales, y el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau", asegura el comunicado, "[la compañía] espera poder desarrollar sus actividades en un clima de normalidad".

Pero recientes declaraciones del ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz, chocan con los deseos de Repsol YPF. Soliz señaló que el juicio proseguirá hasta su culminación, al margen de los acuerdos a los que llegaran el presidente de Repsol YPF con las autoridades de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) expresó su solidaridad con Repsol YPF. La patronal destacó en un comunicado las importantes inversiones que la compañía viene realizando desde hace tiempo, no sólo en Bolivia, sino también en otros países de Latinoamérica, con la consiguiente creación de riqueza y empleo. La CEOE, que desconocía que no habían tenido lugar los arrestos, reclamó además la "inmediata" puesta en libertad de los dos ejecutivos, "en la seguridad de que su comportamiento habrá sido en todo caso respetuoso con las leyes de Bolivia". En todo caso, manifestó su respeto por la justicia boliviana.

Por su parte, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León, dijo ayer en Lima que esta acción contra los directivos de Repsol YPF que calificó de "injusta" es "una enorme preocupación para España", informa Efe.