La Junta dice que la recalificación de Selwo tiene "difícil encaje" en el plan de la Costa del Sol

La pretensión del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), de recalificar 662.000 metros cuadrados del parque de naturaleza Selwo se ha topado ya con las reticencias de la Junta de Andalucía, administración a la que en última instancia competerá decidir. La Consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, advirtió ayer de que la propuesta tiene "difícil encaje" en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol. El presidente del Patronato de Turismo, Juan Fraile, se mostró contundente al tachar de "locura" y "barbaridad" la propuesta.

La consejera evitó pronunciarse en términos de aceptación o rechazo de la recalificación, pero su "opinión personal" fue nítida: "Estamos en una dinámica de trabajo en la Costa del Sol para proyectar una imagen de calidad y mejorar los estándares en todos los municipios y a lo mejor esto tiene difícil encaje".

Recordó que debe ser la Comisión Provincial de Urbanismo la que apruebe o rechace la propuesta y que la práctica de ésta es la de no alterar los suelos de equipamientos. Además aseguró que los 995.000 metros cuadrados que en total ocupa Selwo "tienen para la Junta un sistema de protección".

El suelo de Parque Selwo era rústico protegido, pero fue modificado para equipamiento general para permitir la ubicación en él de este proyecto que la Junta consideró de interés estratégico para la Costa del Sol porque suponía enriquecer la oferta de ocio. El terreno es de propiedad municipal y el Ayuntamiento se lo tiene cedido a Parques Reunidos para la explotación como parque en el que habitan animales en semilibertad.

El Ayuntamiento alega para recalificar los terrenos que la empresa que gestiona el parque registra cuantiosas pérdidas. "Teníamos dos soluciones: Esperar a que el parque cerrase o una solución más rentable. Dejar la tercera parte para un zoo, 200.000 metros cuadrados para equipamientos deportivos y 500.000 metros para viviendas, con un 30% de vivienda protegida", explicó ayer Antonio Barrientos. Para los más de 600.000 metros cuadrados rústicos recalificados, el Ayuntamiento prevé que el nuevo PGOU le otorgue una edificabilidad de 0,20 metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela. Según Barrientos, el Ayuntamiento ingresaría por plusvalías entre 30 y 40 millones de euros.

El alcalde aclaró que el ayuntamiento busca rescatar la concesión y hacer un concurso público. En el pliego de condiciones de la oferta, el Ayuntamiento exigirá que se mantengan los puestos de trabajo actuales, una inversión mínima de nueve millones de euros, y que si la empresa resultante no fuera Parques Reunidos tendría que compensar a ésta "por la inversión realizada hasta la fecha". Pero advirtió que antes de nada, "la empresa debe acreditar la inviabilidad económica del parque y ratificar que no ha sido por mala gestión".

Parques Reunidos eludió ayer pronunciarse sobre la polémica recalificación y sus planes de futuro.

El presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Juan Fraile, afirmó que le parece "una locura" la propuesta de recalificación de los terrenos y confió en que no se lleve a cabo. "Espero que no se le permita esta barbaridad. En última instancia está la Consejería de Obras Públicas para impedir lo que no es adecuado a los tiempos que corren", expuso. Más tibia fue la secretaria provincial del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, quien dijo que "no pasa nada" porque es solo una propuesta y que en todo caso "se aplicará taxativamente la ley".

No es la primera vez que el Partido Socialista llama al orden a Barrientos, que gobierna con ex concejales del GIL, a cuenta de su política urbanística. En diciembre, la dirección regional intervino para que desconvocara un pleno municipal para aprobar seis convenios urbanísticos que iban a suponer unos ingresos al Ayuntamiento de 24 millones de euros que se iba a celebrar el día antes de que entrara en vigor la ley que prohibe a los ayuntamientos disponer del dinero de los acuerdos urbanísticos por anticipado.

El concejal del PP Ricardo Galeote pidió el amparo de la Junta para impedir la recalificación porque si se permite estaríamos ante el mayor escándalo urbanístico de la historia de Andalucía".