Bush negocia con el Senado un mayor control de las escuchas

Los republicanos moderados del Senado, que se habían levantado contra las escuchas electrónicas ordenadas por George W. Bush en 2002, ultiman un acuerdo con la Casa Blanca que prevé ciertos controles y la aprobación de una ley sobre la actividad de la Agencia Nacional de Seguridad. El acuerdo es insuficiente para los demócratas, pero no podrán evitarlo si la negociación se cierra en los términos anunciados. El presidente firmará el viernes la renovación de la Ley Patriótica aprobada en ambas Cámaras.

Lo que más temía la Casa Blanca era que el Comité de Inteligencia del Senado abriera una investigación sobre la decisión de Bush de intervenir las comunicaciones electrónicas con el extranjero, alegando facultades constitucionales y considerando un cheque en blanco el apoyo del Congreso a la lucha contra el terrorismo.

El programa de escuchas, que se salta a la torera disposiciones legales, quedó al descubierto por informaciones de prensa en diciembre, y encendió los ánimos de los republicanos moderados y libertarios, para no hablar de los demócratas, hasta tal punto que impidió la renovación de la Ley Patriótica, prorrogada en dos ocasiones hasta su aprobación final, esta misma semana.

Para desactivar la bomba de una investigación que podría poner a Bush contra las cuerdas, la Casa Blanca se ha empleado a fondo para satisfacer algunas de las demandas de los republicanos en los que estaba el fiel de la balanza del comité.

Según el principio de acuerdo -que aún debe ser cerrado-, siete senadores del Comité de Inteligencia recibirán información clasificada sobre el programa de escuchas; además, se elaborará una ley que establezca los requisitos judiciales de la intervención de comunicaciones y las condiciones para las escuchas. La ley reforzará el papel del tribunal especial creado en 1978 para autorizar escuchas. La Agencia Nacional de Seguridad mantiene la facultad de intervenir una comunicación sin permiso, pero sólo durante 45 días; después tiene que poner punto final a la escucha, pedir un mandato judicial o explicar a los siete senadores por qué cree que el caso merece una excepción.

El principio de acuerdo "es sólido", pero le faltan algunos detalles, en opinión de Pat Roberts, presidente del Comité de Inteligencia. Cuatro senadores republicanos moderados ya trabajan en la redacción del proyecto de ley sobre Vigilancia Antiterrorista. Pero el senador demócrata Jay Rockefeller protestó por el acuerdo que reduce las comunicaciones privilegiadas a siete de los 15 senadores, y dijo que el Comité "está bajo el control de la Casa Blanca". Rockefeller había pedido una investigación en profundidad, que ya no tendrá lugar. Los demócratas creen -con razón- que el pacto protege a Bush de lo que se le venía encima. Aunque la amenaza parlamentaria se difumina con esta iniciativa, aún hay dos denuncias ante los tribunales que acusan al presidente de haber violado las leyes y la Constitución.

Alivio en la Casa Blanca

Al tiempo que se anunciaba el principio de acuerdo, la Cámara daba luz verde a la renovación de la Ley Patriótica con una votación apretada (280-138, con 214 republicanos y 66 demócratas a favor y 13 republicanos, 124 demócratas y un independiente en contra), pero suficiente para proporcionar un alivio a la Casa Blanca, que veía en jaque una de sus principales herramientas políticas en un momento de fuerte deterioro de la imagen y la credibilidad presidencial y con un difícil horizonte de elecciones legislativas en otoño. Ahora, con la aprobación, la semana pasada, del Senado, el presidente se dispone a firmar el texto mañana.

La ley, aprobada después del 11-S con el objetivo de reforzar los poderes policiales y denunciada por diversos grupos y un nutrido grupo de parlamentarios como excesiva en su intromisión en la intimidad y en las facultades extraordinarias que se dan a las fuerzas de seguridad, tiene 16 capítulos, de los que 14 pasan a ser permanentes y otros dos se prorrogan por cuatro años. Se mantiene la posibilidad de que el FBI tenga acceso, en el curso de sus investigaciones sobre terrorismo, al historial comercial o personal de presuntos sospechosos, aunque la gran mayoría de las bibliotecas públicas quedan excluidas de las investigaciones sin mandato judicial. Las personas que reciban cartas de investigación, es decir, que se les solicite información sobre otra persona investigada, tendrán derecho a comunicárselo a un abogado sin dar el nombre de éste a la policía y a desafiar la orden, a diferencia -increíblemente- de la versión inicial de la ley.

"Son reformas superficiales que tendrán poco impacto a la hora de salvaguardar las libertades", según el demócrata Dennis Kucinich. "La ley protege las libertades", según el republicano James Sensenbrenner, que aseguró que "no existe ni un solo caso en que la Ley Patriótica haya sido mal utilizada para violar los derechos de los estadounidenses".