El fiscal general avisa que la nueva doctrina sobre etarras presos acarreará dificultades

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, advirtió ayer en la Comisión de Justicia del Congreso de que la nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el cómputo de penas puede causar algunas dificultades entre la población penitenciaria y lamentó el desgaste "gratuito e irresponsable" que ha sufrido la fiscalía y él mismo pese a que "nunca existió riesgo de excarcelación" del etarra Henri Parot. Los portavoces de los grupos agradecieron su comparecencia en una crítica implícita a la incomparecencia del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando.

El fiscal general había sido convocado para explicar el "cambio de criterio" que, según el PP, ha tenido la Fiscalía con el cumplimiento de penas por los terroristas. Conde-Pumpido respondió que durante 2004 y 2005 se han dictado 305 sentencias condenatorias por delitos de terrorismo, con 12.819 años de prisión.

"No creo que se haya producido ninguna desaceleración en la lucha contra el terrorismo", ironizó, "aunque efectivamente ha habido un cambio: exigir el máximo rigor en el cumplimiento de las penas".

El fiscal general pasó revista a los recursos contra las redenciones de pena indebidamente aprobadas, las impugnaciones de los expedientes de reclusos que no daban síntomas de estar reinsertados o el mantenimiento de la dispersión de etarras. Sobre el caso de los etarras José Ignacio de Juana y Henri Parot, Conde-Pumpido lamentó el "vapuleo público" a que se ha sometido a la Fiscalía, llamando "sumisos y borregos" a fiscales "dedicados a aplicar el Derecho". En otro momento de su intervención, atribuyó a un "juego de intereses políticos y partidistas" la polémica suscitada en torno a la excarcelación de etarras.

Giro del Supremo

El fiscal del Estado aseguró que no entraba a valorar ni a criticar "el giro jurisprudencial" que ha dado el Tribunal Supremo en la sentencia de Parot, que supone que en adelante los beneficios penitenciarios se descontarán sucesivamente de cada condena, hasta el límite máximo de 30 años. "Respeto esa nueva doctrina y, por supuesto, haré lo que proceda para su aplicación, por mucho que algunas de sus consecuencias pudieran generar, conviene advertirlo, algunas dificultades".

Conde-Pumpido dijo que no había venido a hablar de dichas dificultades, pero en el turno de réplica dejó entrever que en los próximos meses a un importante número de presos que esperaban salir dentro de tres o cuatro meses se les notificará que tardarán aún 12 o 13 años, lo que supone "un problema que preocupa al Ministerio Público". Añadió que para este año estaba prevista la excarcelación de 49 presos terroristas, de los que 23 se verán afectados por la doctrina del Supremo. El resto están condenados bajo el Código Penal de 1995, que no contempla redenciones.

Entre los afectados, citó a Juan Francisco Gómez López, que iba a salir el 14 de junio de este año, y ahora saldrá el 15 de abril de 2019. Otro etarra, Zubikaum Badiola, que también iba a salir este año, tampoco lo hará antes de 2019.

Los portavoces del PNV, IU-ICV, CiU y PSOE agradecieron profusamente a Conde-Pumpido su comparecencia, con reprobaciones implícitas a la incomparecencia del día anterior del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando. "Gracias, a usted sí, por haber acudido", dijo Margarita Uría (PNV). "Implícitamente hago una crítica a quien ni informa ni colabora con esta Cámara", afirmó Gaspar Llamazares (IU-ICV). "Hoy no ha quedado vacía esa silla", le agradeció Jordi Jané (CiU). "Gracias por ocupar ese asiento, que tiene que ser un honor para usted y para cualquier demócrata", se sumó Julio Villarrubia (PSOE). El propio Conde-Pumpido dijo al llegar que "un servidor público tiene como más sagrada obligación responder ante los ciudadanos".

Los portavoces consideraron "convincentes" las explicaciones del fiscal general, aunque Uría y Llamazares criticaron el cambio de doctrina del Supremo en el cómputo de penas. Llamazares dijo que la información de Conde-Pumpido había sido "rigurosa" y demuestra que el Estado de Derecho "funciona", aunque apreció una "involución garantista" del Poder Judicial.

Sólo el portavoz del PP, Ignacio Astarloa, arremetió contra Conde-Pumpido, considerándole "desacreditado" por "diluir" la lucha antiterrorista y no haber hecho lo que tenía que hacer para que "el rostro de ETA no esté en las instituciones, o que no haya excarcelaciones anticipadas". Conde-Pumpido le reprochó que no aplique ese mismo "ardor controlador" con Hernando.