Yagüe rechaza el programa de "austeridad" que pedía el PP para afrontar la crisis financiera
La alcaldesa de Marbella dice que los sueldos de altos cargos "no están sobredimensionados"
La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, justificó ayer los boyantes sueldos de los altos cargos de ocho sociedades municipales por la "alta responsabilidad" que éstos deben asumir y porque "deben acudir al juzgado cada dos por tres". La oposición rechazó en bloque el "despilfarro". Yagüe rechazó una demanda del PP para establecer un "plan de austeridad" que haga frente a la actual crisis económica, con una deuda que ronda los 250 millones. El Ayuntamiento destina 1,62 millones anuales para pagar los sueldos de 20 altos cargos de ocho empresas municipales.
"Cuando contratas a un profesional y le das una responsabilidad, que en Marbella conlleva ir al juzgado cada dos por tres, porque aquí se denuncia todo, tienes que tener a la gente bien pagada para que te rinda lo que deben rendir. Creemos que sus sueldos no están sobredimensionados", explicó Yagüe para justificar el alto presupuesto destinado a los altos cargos, censurado ayer a coro por toda la oposición tras la celebración del pleno municipal.
"Yo quisiera saber lo que cobran los sueldos de los cargos de confianza de otros municipios", se preguntó Yagüe, quien se mostró convencida de poder solucionar la deuda global del consistorio. "La situación económica va a mejorar seguro, y gracias a las negociaciones con la Agencia Tributaria y el Banco de Crédito Local vamos a reconducir esta situación", aseguró.
Salarios
La oposición criticó ayer en bloque la gestión de altos sueldos municipal. "El estado comatoso de las arcas es tal, que no sabemos si en marzo habrá nóminas para pagar a los trabajadores", avisó Silvestre Puertas, portavoz socialista. Para el PSOE, la solución idónea está en la reducción de dichos altos cargos municipales. "Un ayuntamiento en quiebra técnica no puede mantener cargos de confianza con sueldos millonarios que además están imputados en los juzgados. Si se quiere solucionar el tema económico, hay que cesar a esta gente para garantizar que el resto de funcionarios puedan cobrar sus nóminas", solicitó.
La portavoz popular, Ángeles Muñoz, preguntó a la alcaldesa si prevé alterar los "multimillonarios sueldos" otorgados a través de las once sociedades municipales que mantiene activas el consistorio. "¿Llevará a cabo algún recorte en los presupuestos para reducir estos sueldos?", le interrogó. Muñoz solicitó a Yagüe que establezca un "plan de austeridad" para poder afrontar las "carencias" en infraestructuras, saneamiento y limpieza que "padece" Marbella.
Yagüe replicó que su política de contención del gasto impera desde el inicio de legislatura: "El plan de austeridad lo tenemos desde que entramos en el poder".
Por su parte, el concejal del Partido Andalucista, Pablo Núñez, criticó el costo que le supondría al Ayuntamiento prescindir de estos empleados. "Además de ese millón y medio para los altos cargos de las sociedades municipales, el ayuntamiento tendrá que pagarles indemnizaciones millonarias para rescindir sus contratos. Me parece lamentable", censuró. Núñez recordó el "escaso control" que el equipo de gobierno ejerce sobre los puestos de gran responsabilidad en diferentes áreas municipales: "Un ejemplo del disparate de Yagüe es que tiene al frente de la Delegación de Participación Ciudadana nada menos que a cuatro personas que ejercen como coordinadores, una delegación además con escaso contenido político", recordó.
El equipo de gobierno rechazó ayer en el pleno municipal la petición del PP para establecer una Comisión Especial Informativa de Cuentas que imponga un control más severo de la financiación municipal. La gestión de las sociedades municipales desde 2002 a 2004 será examinada por el Tribunal de Cuentas, al igual que la de los ejercicios 1991-1999 y 2000-2001, donde el tribunal aclaró en sus informes de fiscalización que existían 360 y 178 millones respectivamente "sin justificar". La Comisión Mixta de las Cortes aprobó el pasado 21 de junio encomendar al Tribunal de Cuentas a elaborar un nuevo informe de fiscalización del ayuntamiento y sus sociedades mercantiles participadas durante dicho bienio. En su resolución 16861, la Comisión expresaba "su más profunda condena al equipo de gobierno durante el periodo analizado por las deficiencias, irregularidades e incumplimientos de las normas legales".
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