Los socialistas exigen aclarar el uso de 16 millones tras recalificaciones en Jaén

El PSOE ha instado al alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar (PP), a certificar, a través de un informe del interventor municipal, el destino de los 16,3 millones que el Ayuntamiento ha obtenido mes como compensaciones a recalificaciones urbanísticas conocidas en el último mes. Esas recalificaciones permitieron que cuatro empresas se beneficiaran de una subida del valor de sus suelos cifrada en 140 millones de euros.

Los socialistas, que no descartan acudir a los tribunales, sospechan que el equipo de gobierno estaría vulnerando la Ley del Suelo de Andalucía por financiar obras de infraestructura en la ciudad con el dinero recibido por estas recalificaciones. Según esa ley, los ingresos derivados del patrimonio municipal del suelo sólo pueden destinarse a vivienda protegida y suelo.

En apenas un mes se ha confirmado la aprobación de cuatro convenios urbanísticos por el gobierno del PP en Jaén. En el último de ellos, con fecha del 27 de diciembre, la empresa Serrano Gámez elevó en 58,3 millones de euros el valor de una finca privada de 30,6 hectáreas, tras la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar los terrenos, de rústicos a urbanizables, con la finalidad de construir viviendas unifamiliares. La empresa adquirió entre 2000 y 2004 las siete parcelas de la finca de Las Lagunillas, próxima a la Universidad jiennense, por valor de 4,5 millones de euros. Tras la recalificación urbanística, la finca pasó en apenas un año a tener un valor de 62,8 millones de euros, es decir, 58,3 millones más.

Ese convenio se une a los otros tres aprobados en el mes de diciembre. En total, el PSOE estima que se han recalificado 114,8 hectáreas de terreno rústico a urbanizable, que han supuesto un beneficio de 140 millones a cuatro empresas, algo que ayer calificó como "escandaloso" la secretaria local del PSOE, Carmen Peñalver. Los convenios permiten al Consistorio jiennense ingresar el 10% del valor de cada finca. No obstante, el último de los convenios se aprobó con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo de Andalucía (el 12 de diciembre), lo que impide al equipo de gobierno disponer de ese dinero (6,2 millones) hasta la aprobación del nuevo PGOU, actualmente en fase de redacción.

"No sabemos que está haciendo el PP con esos beneficios", afirmó ayer Peñalver, para quien los populares "están hipotecando el futuro urbanístico de la ciudad". Además, se mostró contrariada por el hecho de que en el viejo PGOU haya quedado suelo disponible para urbanizar 10.000 viviendas. Según Peñalver, estas operaciones "hacen que cuatro se enriquezcan y a los ciudadanos les cueste más la vivienda".

El PSOE califica de "indecencia moral" estos convenios y no descarta acudir a la vía judicial. También el grupo de IU ha pedido la apertura de una comisión de investigación sobre las recalificaciones urbanísticas aprobadas por el PP en los últimos meses.