Anticorrupción pide una ampliación del rastreo de las cuentas de Mercalicante
La juez instructora del caso Mercalicante -investigación de un supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública- ha admitido la práctica de nuevas pruebas periciales, entre ellas la ampliación del informe policial sobre los movimientos bancarios de la firma pública, solicitadas por las acusaciones, la que ejerce el ministerio público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, y la popular.
A propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, ha accedido a ampliar el informe de la policía judicial sobre los movimientos bancarios de la mercantil entre los años 1999 y 2002, cuando supuestamente se consumó el desfalco. Esta parte, según han confirmado fuentes de la investigación, plantea verificar el origen y destino de las operaciones bancarias, especialmente las ejecutadas mediante cheques bancarios con la firma de José Emilio Clavero, ex gerente de la mercantil y principal imputado.
Junto a Clavero, la juez ha imputado a otras 14 personas, entre ellas, los cinco miembros del comité ejecutivo de la firma, presidido por el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP. El máximo órgano de control de Mercalicante también lo integraban Juan Zaragoza, edil del PP, y José María Rodríguez Galant, ex concejal del PP y, ahora, director del complejo audiovisual Ciudad de la Luz.
A propuesta de la acusación popular, la juez ha aceptado que se aporte al sumario la documentación que el ex gerente adjuntaba en la reunión del comité ejecutivo. Esta parte sostiene que las reuniones de ese órgano estaban documentadas y, por tanto, sus miembros "tenían pleno conocimiento" de los asuntos tratados. En sus declaraciones ante la juez, Alperi y los otros miembros del comité ejecutivo han mantenido que Clavero no les informaba.
La magistrada ha rechazado, por el contrario, la práctica de nuevas pruebas testificales, entre ellas, un nuevo interrogatorio a Clavero a propuesta del fiscal con el fin "de aclarar" supuestas contradicciones entre su testimonio y el de los miembros del comité ejecutivo.
