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Los grupos citan al cardenal de Sevilla al Parlamento para opinar del Estatuto andaluz

Amigo Vallejo será el primer prelado que acudirá a la Cámara para hablar de una norma

Lourdes Lucio

Los grupos parlamentarios acordaron ayer por unanimidad la comparecencia de 37 representantes de organizaciones sociales y económicas para dar su opinión sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto. Inicialmente, las peticiones de los partidos sumaban un total de 89 comparecientes, lo que hacía prácticamente imposible que pudieran hacer sus aportaciones en los dos días acotados por los grupos para solventar este trámite con el fin de no demorar el debate. Entre los comparecientes destaca por inusual la del cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo.

El acuerdo sobre el número y las organizaciones que comparecerán en el Parlamento para opinar de la reforma se acordó por unanimidad en la Mesa de la Comisión de Desarrollo Estatutario. Las 89 asistencias reclamadas por los cuatros grupos (PSOE, 26; PP, 37; IU, 18; y PA, ocho) se han reducido a 37. Éstas se celebrarán en dos días -6 y 7 de marzo- en jornadas maratonianas, ya que el tiempo fijado es de 30 minutos.

Para no dilatar este trámite y demorar el ajustado calendario de aprobación de la reforma acordado por los grupos está previsto que representantes de hasta tres asociaciones se repartan la media hora asignada.

Las declaraciones las abrirá la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que estará representada por alcaldes de los cuatro grupos parlamentarios. Entre los citados figuran los sindicatos UGT y CC OO, la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas.

La presencia más llamativa es la de monseñor Carlos Amigo Vallejo, cuyo nombre fue propuesto por el Partido Andalucista. La comparecencia del cardenal de Sevilla para opinar de una norma que no aborda ninguna cuestión religiosa es insólita en el Parlamento andaluz. Nunca antes un representante de la Iglesia católica había acudido a la Cámara para dar su parecer de un texto legal.

Según fuentes parlamentarias, el presidente de la Mesa de Desarrollo Estatutario y portavoz socialista, Manuel Gracia, afirmó durante la reunión que tanto la comparecencia de monseñor Amigo Vallejo como la del ex ministro de UCD Manuel Clavero Arévalo eran "excepcionales" y a "título individual" y "no en representación" de la Iglesia católica, en el caso del primero, y de la plataforma Andaluces Levantaos, de la que el segundo es promotor.

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Estas fuentes indicaron que la inclusión del cardenal hay que entenderla como otro "gesto" de aproximación del PSOE hacia el PA, formación que junto al PP votó en contra del dictamen de la ponencia de reforma. Ambos se abstuvieron en la toma en consideración. El PP apoyó la asistencia del prelado mientras que IU dejó claro su distanciamiento con la "excéntrica" propuesta, indicaron fuentes de la federación.

La inclusión del nombre del cardenal de Sevilla se produjo en el último momento, cuando los grupos abrieron una especie de turno de repesca para incluir más nombres. El PA insistió en el del cardenal; IU, en Ecologistas en Acción; y el PP, en el del consejero mayor de la Cámara de Cuentas, según fuentes parlamentarias.

El andalucista Ildefonso Dell'Olmo justificó la citación al también arzobispo en que éste tiene una fuerte "personalidad propia y representa a miles o millones de ciudadanos" que se identifican con su creencia religiosa. Según Dell'Olmo, Amigo Vallejo transmitió en una reciente entrevista con el secretario general del PA, Julián Álvarez, que le hubiera gustado dar su opinión sobre el Estatuto, cuando éste le entregó el documento de reforma de los andalucistas. El diputado estableció una analogía con Cataluña, donde según dijo había comparecido el representante de la Conferencia Episcopal Tarraconense. En realidad los obispos no acudieron al Parlamento catalán, sí lo hizo el Consejo Evangélico de Cataluña.

El borrador de la reforma declara laica la enseñanza, apuesta por los tratamientos paliativos, el derecho a la muerte digna, el respeto a la orientación sexual de las personas y establece que los poderes públicos impulsarán políticas para favorecer su ejercicio.

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