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EU alega contra la ordenanza que multa en Valencia a las prostitutas

Sara Velert

La ordenanza municipal sobre actuaciones en lugares públicos antepone "en exclusiva las sanciones a las intervenciones sociales que ayuden a erradicar el problema" de la prostitución callejera o los llamados gorrillas, según critica el grupo de EU-L'Entesa en el Ayuntamiento de Valencia en sus alegaciones al texto. La ordenanza, aprobada provisionalmente por el equipo de gobierno del PP, prohíbe la actividad de los gorrillas y sanciona "la promoción, favorecimiento o prestación de servicios de naturaleza sexual en espacios públicos a cambio de contraprestación económica" cuando alteren "la tranquilidad y/o seguridad de los ciudadanos". Las sanciones oscilan entre 75 y 500 euros.

Las alegaciones, que firma el portavoz, Antonio Montalbán, denuncian que la ordenanza "únicamente recoge la sanción como modelo de intervención" y apunta que no todas las actividades que recoge -prostitución, gorrillas, limpiaparabrisas- "son conflictivas respecto al marco de convivencia" y que el texto no concreta suficientemente la actuación a sancionar. Destaca también que debería suprimirse el término "prestación" en relación con la actividad de las prostitutas porque "lo sancionable no es la naturaleza del servicio, sino la alteración de la tranquilidad ciudadana, que sería aplicable a otras muchas situaciones". Montalbán critica que se omiten conductas graves que favorecen la prostitución, en referencia a los proxenetas, pide que las sanciones sean tipificadas como leves y se promueva la rehabilitación social de las prostitutas.

La Federación de Asociaciones de Vecinos también ha ultimado sus alegaciones, que piden una revisión de las actividades sancionables, ya que las hay que no son lucrativas y sí molestas. El PSPV presentará una alternativa al texto.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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