El sacerdote inhabilitado por el arzobispo de Granada se querella contra el prelado por acoso moral
El sacerdote Javier M. M., inhabilitado para ejercer sus funciones por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha presentado una querella por calumnias, injurias, acoso moral y coacciones contra el prelado, que se convierte en el primero en España denunciado por este motivo. Según explicaron ayer fuentes del caso, la querella se basa principalmente en el "acoso moral" al que supuestamente ha sometido el arzobispo al cura desde que tomó posesión del cargo en junio de 2003 procedente de la Diócesis Córdoba.
Este "acoso" ha tenido su "máxima expresión" en su destitución la semana pasada como canónigo, un cargo que le fue concedido en el año 2000 con carácter vitalicio; en la retirada de la Cátedra en la Facultad de Teología; y, por último, en su suspensión "ad divinis", firmada esta semana por el arzobispo y que inhabilita a Javier M. M. para administrar cualquier sacramento de la Iglesia y le despoja de todas sus funciones como sacerdote.
Polémico libro
El primer paso fue relevarlo por decreto de su puesto de archivero en la Catedral por, según dichas fuentes, estar el sacerdote vinculado a los órganos de Gobierno de Cajasur (Córdoba), que financió un libro sobre la Catedral de Granada encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares y cuya publicación fue paralizada por Martínez. El libro estaba escrito por una treintena de especialistas en Historia e Historia del Arte de siete universidades españolas y una francesa. Cajasur se comprometió a editarlo antes del pasado verano, cuando la entidad todavía estaba dirigida por el sacerdote Miguel Castillejo, con quien Martínez mantuvo duras disputas mientras dirigía la diócesis de Córdoba.
El pasado mes de diciembre el sacerdote presentó una demanda de conciliación contra el arzobispo, a quien acusaba de calumniarle e injuriarle en una carta en la que supuestamente le achacaba una apropiación indebida relacionada con su trabajo como archivero de la catedral y le imputaba quedarse con los derechos de propiedad intelectual del libro paralizado.
El acto de conciliación celebrado el pasado martes, al que sólo acudieron los abogados de las dos partes, acabó sin avenencia, al no retractarse el prelado, a quien la juez de Primera Instancia número 5 rechazó su recurso basado en que el caso es competencia de la jurisdicción eclesiástica y no la civil ordinaria.
