Suspendido el juicio del último encausado por los disturbios de Tàrrega en 1991

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Lleida suspendió ayer la vista oral contra el último acusado por los graves disturbios ocurridos hace 15 años durante la XI edición de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (Urgell), porque uno de los testigos propuestos por la fiscal, un agente de los Mossos d'Esquadra que oficialmente se encuentra de baja, no pudo ser localizado por el servicio de citaciones.

El fiscal solicita para el acusado, Jesús A. C., de 35 años, dos años y cuatro meses de prisión por desórdenes públicos. El juicio ha sido señalado para el próximo 15 de marzo.

En caso de haberse celebrado, el juicio habría servido para dar carpetazo a uno de los procesos más enrevesados de la historia judicial de Lleida. El caso ha estado marcado por las demoras, numerosas irregularidades durante la instrucción del sumario, que tardó casi 11 años en cerrarse, por recusaciones y denuncias a jueces y fiscales y por las repetidas suspensiones de las vistas. La de ayer, la tercera, fue recibida con indignación por el abogado de Jesús A. C., ya que éste reside en Alicante y realizó el viaje en balde.

El letrado Francesc Arnau formuló una protesta ante el juez por el motivo de la suspensión. "Cuando se trata de localizar a la pobre gente que desfila cada día por los tribunales, los encuentran enseguida", señaló. "Resulta paradójico que la ausencia de un agente de la autoridad sea motivo para suspender un juicio. No sé muy bien qué problemas han tenido para su localización, aunque tal vez ha sido porque se trata del caso de Tàrrega, que es un modelo de lo que no ha de ser un procedimiento judicial".

Intervención policial

Los hechos que debían juzgarse ayer ocurrieron a partir de las cuatro de la madrugada del 8 de septiembre de 1991 en el centro de Tàrrega, cuando un grupo de jóvenes, entre los que presuntamente estaba el acusado, empezó a zarandear el vehículo de una compañía teatral que se disponía a abandonar la plaza después de la actuación. Lo que comenzó como una discusión acabó convirtiéndose, tras la intervención policial, en una batalla campal en la que participaron centenares de personas, que destrozaron todo lo que encontraron a su paso e intentaron asaltar el edificio consistorial.

Los alborotadores mantuvieron en vilo durante varias horas a la policía. Los daños causados en el mobiliario urbano y en establecimientos comerciales fueron evaluados en más de seis millones de pesetas. De las 86 personas detenidas inicialmente, sólo 17 ingresaron en prisión, aunque al cabo de dos semanas quedaron en libertad tras abonar fianzas de 200.000 pesetas.

Un vídeo grabado por la Guardia Urbana, fotografías y filmaciones de televisión fueron utilizados por la fiscal como pruebas de cargo contra las 55 personas que finalmente fueron procesadas por los delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

La fiscal del caso intentó evitar el juicio y propuso un pacto a los acusados consistente en modificar la calificación jurídica de los hechos, dejando los delitos en faltas y cambiando las penas de hasta cinco años de prisión por multas de 1.200 euros a cambio de un reconocimiento de culpabilidad. De los 55 imputados, 39 aceptaron la oferta y los 16 restantes, entre ellos Jesús A. C., prefirieron ir a juicio para demostrar su inocencia y denunciar las irregularidades del proceso, por lo que han sido juzgados en vistas individualizadas, que han acabado en condenas de tres meses de prisión al aplicárseles una atenuante analógica por dilaciones indebidas de la Administración de justicia.