Los grupos acuerdan por unanimidad aprobar el Estatuto a primeros de mayo

El Parlamento de Andalucía aprobará el nuevo Estatuto de Autonomía los primeros días del mes de mayo. Los cuatro grupos parlamentarios acordaron ayer, por unanimidad, un ajustado calendario que adelanta casi en un mes la tramitación prevista de la proposición de ley de reforma, de manera que el Congreso debata su toma en consideración en el mes de junio y el referéndum de ratificación se pueda celebrar en febrero de 2007. Para la dirección federal del PSOE es prioritario que tras el Estatuto catalán, el próximo que aprueben las Cortes sea el andaluz.

El PP no puso ayer ningún obstáculo al calendario de la tramitación de la reforma, después de comprobar que ni PSOE, ni Izquierda Unida y, sobre todo, el Partido Andalucista, iban a permitir retrasos que pusieran en peligro el objetivo de que en esta legislatura haya nuevo Estatuto de Autonomía.

El portavoz del PA, Ildefonso Dell'Olmo, fue el segundo en tomar la palabra durante la reunión celebrada por los portavoces para advertir de que su grupo no iba a permitir "ningún obstruccionismo" a los trabajos. Tampoco estaba de acuerdo con que, como propuso el día anterior el portavoz del PP, Antonio Sanz, comparecieran en el Parlamento para dar su opinión sobre la proposición de ley las 54 personas que ya lo hicieron entre el 14 de octubre de 2004 y el 7 de marzo de 2005.

Asistentes a la reunión interpretaron ayer que el rechazo del PA a cualquier demora fue clave para que el PP se sumara al acuerdo final, ya que de lo contrario hubiera sido el único grupo en defender un ritmo más lento a los trabajos.

El presidente regional del PP, Javier Arenas, ya manifestó su oposición a que el referéndum de ratificación del Estatuto se celebre en febrero de 2007, tres meses antes de las elecciones municipales, por considerar que la precampaña local se puede "viciar".

En la última reunión celebrada entre el PSOE y PP el pasado 9 de febrero, lo primero que plantearon los conservadores fue posponer la consulta a partir del mes de septiembre de 2007, una fecha de gran incertidumbre ya que podría producirse un adelanto de elecciones generales y andaluzas. Es decir, no habría tiempo para aprobar el Estatuto en esta legislatura. La fecha del referéndum de ratificación de la reforma está marcada por los comicios locales, ya que la ley orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum establece que no podrá celebrarse una consulta de este tipo los 90 días anteriores y los 90 días posteriores a la fecha de celebración de unas elecciones de ámbito general.

Ayer, el portavoz del PP, Antonio Sanz, proclamó que su organización "no es ni va a ser un obstáculo en la tramitación del Estatuto" y afirmó que el PSOE "ha pinchado en hueso en su intento de visualizar que el PP pretende ralentizar el proceso".

La portavoz de IU, Concha Caballero, sostuvo que el cambio de posición del PP, al que no citó, se debe a la cercanía de la celebración del Día de Andalucía. "En vísperas del 28 de febrero es muy difícil situarse en contra del Estatuto", aseguró la portavoz, uno de los dirigentes políticos más duros contra lo que considera son maniobras dilatorias del PP para que no haya reforma.

A la vez que se producía la reunión de los portavoces, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, también abundó en la teoría de que los populares tratan de demorar el proceso estatutario para que no salga en esta legislatura. Además de descalificar los votos particulares que han presentado el PP al texto, Zarrías les atribuyó artimañas "filibusteras" con el propósito de enredar: "La gente sabe que PP es antónimo de autonomía y que la derecha es antiautonomista".

Sin paridad

El calendario aprobado (ver cuadro adjunto) supone un adelanto de casi un mes respecto a las fechas previstas. El PA propuso adelantar al próximo viernes la petición de comparecencias de agentes sociales, que se celebrarán durante los días 6 y 7 de febrero en jornadas intensivas, si es necesario. El pleno final de aprobación de la proposición de ley por el Parlamento andaluz -que requiere el apoyo de tres quintos (65 diputados)- está previsto para el 2 o el 3 de mayo y la admisión a trámite por parte del Congreso, en junio.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, estimó que podrían declarar en el Parlamento hasta un máximo de 30 representantes de organizaciones sociales. Gracia se felicitó por el acuerdo alcanzado ayer y expresó que "ojalá presagie" un acuerdo sobre los contenidos de la proposición de ley que lleva la firma del PSOE e IU. PP y PA votaron en contra tanto del dictamen como de su toma en consideración por la Cámara.

Otro de los acuerdos fue mantener en 11 el número de miembros de la ponencia negociadora. PSOE, IU y PA mantendrán a los mismos diputados que ya redactaron el borrador. El PP tomará una decisión en los próximos días. Ni socialistas ni andalucistas tienen una representación paritaria.