El Gobierno y el PSE cierran su segundo gran pacto político con la ley de Suelo

Vivienda espera que la norma sea aprobada en el Parlamento el próximo mes de junio

Bilbao - 21 feb 2006 - 00:00CET

El Gobierno y el PSE cerraron en la mañana de ayer su segundo gran acuerdo político de esta legislatura, ambos sellados en los últimos dos meses. Si en diciembre pasado los socialistas apoyaban los presupuestos del Ejecutivo para este ejercicio y rompían siete años de ruptura de acuerdos, ahora le ha tocado el turno a una de las leyes más importantes de este mandato: la de Suelo.

Euskadi es además la única comunidad autónoma que no contaba con una normativa sobre suelo y han tenido que pasar 20 años desde la transferencia de esta materia para disponer de una regulación específica. El Departamento de Vivienda, que encabeza Javier Madrazo, considera que la ley será finalmente aprobada por el Parlamento en junio próximo. Su ratificación está asegurada al garantizar los socialistas al tripartito la mayoría absoluta de votos en la Cámara.

El acuerdo no ha sido fácil y en muchas ocasiones ha planeado sobre él la sombra del fracaso, como ocurrió hace ahora un año. Entonces, en vísperas de la disolución de la Cámara para celebrar las elecciones autonómicas, el Gobierno tuvo que retirar el proyecto de ley al encontrase sin apoyos. La aprobación por el Gobierno del mismo texto, sin ningún cambio, en septiembre pasado, no ayudó a conformar un clima de diálogo y en diciembre la ley estuvo a punto de volver a embarrancar.

Febrero ha resultado un mes clave para la negociación, en el que ha habido un acercamiento de posturas entre el departamento, en manos de EB, y el PSE que se evidenció la semana pasada y quedó confirmado en la mañana de ayer, tras una reunión de dos horas entre ambas comisiones negociadoras.

Las principales novedades son la creación de la nueva figura de las viviendas tasadas municipales, el cambio del sistema de compensación por el de concertación y un aumento de la autonomía municipal, al eliminar la obligatoriedad actual de que los planes urbanísticos generales de los municipios de más de 20.000 habitantes sean ratificados por las diputaciones. La ley dará esta potestad exclusivamente a los ayuntamientos. "El interés general ha primado en todo momento sobre los intereses propios", destacó Vivienda en un comunicado oficial.

Dos años de polémica

El acuerdo sobre la ley de Suelo ha venido rodeado de polémicas y dificultades. Además de las críticas de sectores como las constructoras y las inmobiliarias, concitó hasta hace poco el rechazo de toda la oposición y de los ayuntamientos, que tienen gran parte de las competencias urbanísticas.

Poco antes de que el proyecto se empezase a tramitar por vez primera a finales de 2004, el Departamento de Vivienda mantuvo una gran polémica con Eudel sobre los sorteos de pisos y llegó a acusar a algunos alcaldes de adjudicar a dedo las viviendas protegidas. En esas fechas mantuvo otra disputa con el plan de la Diputación de Vizcaya de promover pisos de protección, que pareció resolverse, pero que en los últimos meses había acabado con la presentación por la consejería de denuncias por los convenios firmados por Barakaldo, Abanto y Lekeitio. En octubre de 2004, el Gobierno aprobó el primer proyecto de ley de Suelo, que en febrero de 2005 fue derrotado en el Parlamento. El consejero Javier Madrazo no logró ningún respaldo de los grupos de la oposición y la minoría del tripartito hizo fracasar su proyecto estrella.

Tras las elecciones autonómicas de mayo pasado y la repetición del tripartito PNV-EA-EB, la primera gran ley que aprobó el Ejecutivo en septiembre fue la de Suelo. Su contenido era idécntico al que había sido rechazado apenas siete meses antes. Este hecho soliviantó especialmente a la asociación municipal Eudel, que previó otro fracaso.

Pudo ocurrir en diciembre, cuando la comisión parlamentaria iba a votar su devolución, pero un acuerdo de última hora entre Madrazo y el PSE logró el aplazamiento de la votación. En enero las posturas no parecían acercarse y los socialistas lanzaron el pasado día 30 un ultimátum de diez días para el pacto. Han sido más, pero el acuerdo ha llegado.

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