La Junta denuncia obras públicas ilegales del Ayuntamiento de Ronda

Los litigios urbanísticos entre la Junta y los ayuntamientos se circunscriben en la inmensa mayoría de los casos a la concesión de licencias municipales de obra contrarias a los planes generales de ordenación. En Ronda sin embargo se da ahora un caso singular, y es que la Junta ha denunciado "infracciones muy graves" de la ley en unas obras públicas de las que es promotor el propio Ayuntamiento, la construcción del nuevo recinto ferial.

La Consejería de Obras Públicas ha dado traslado de estas infracciones contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a la Fiscalía de Medio Ambiente y ha conminado al alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara (PA), a que suspenda las obras y revise el convenio suscrito con la promotora Grupo Ruiz Jurado, que cedió al consistorio los terrenos para el nuevo ferial a cambio del suelo del actual recinto en el que esta inmobiliaria construirá un centro comercial.

De acuerdo con la normas estipuladas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda, ni se puede hacer el recinto ferial ni el centro comercial, porque en ambos casos se trata de usos incompatibles con la catalogación que tienen los suelos. Para permitirlos, el Ayuntamiento tendría que haber realizado una modificación de elemento al PGOU, trámite que a su vez requeriría de un dictamen favorable previo del Consejo Consultivo de Andalucía por tratarse de un cambio que afectaría a la ordenación estructural del municipio.

Según un informe de la inspección urbanística de la Junta, la ubicación elegida para el nuevo recinto ferial, el parque este, es una franja de suelo de transición entre el borde urbano consolidado de la ciudad y las zonas protegidas del medio físico que el PGOU reserva para "usos recreativos y de repoblaciones forestales de protección paisajística". La Junta entiende que "no es compatible" con esta catalogación el uso como recinto ferial y ha rechazado la justificación del Ayuntamiento de que se trata de un "parque de atracciones" porque, entre otras consideraciones, se prescinde de la repoblación y el único fin que puede darse a los terrenos es el de parque.

Respecto al centro comercial que la sociedad Maysap proyecta en el antiguo recinto ferial, la Junta entiende que se trata de un uso incompatible al estar catalogado el suelo como "sistema general de equipamiento comunitario", lo que exige que sólo pueda ser ocupado por una dotación de carácter público. Al no tratarse además de un equipamiento comunitario, tampoco se pueden aplicar al proyecto del centro comercial, como ha hecho el Ayuntamiento, el aprovechamiento urbanístico y los parámetros de edificabilidad que el PGOU permite para las dotaciones públicas, más ventajosos que los que tienen las edificaciones privadas.

Según la Consejería de Obras Públicas, las obras se realizan sin el instrumento de planeamiento preciso para legitimarlo, lo que constituye una infracción "muy grave" de la LOUA. Además, al ser los acuerdos municipales -convenio aprobado por unanimidad del pleno y proyecto de obras- contrarios a las normas urbanísticas, el consistorio podría haber incurrido en un presunto delito penal.